Por: Fernando Berríos (Periodista)
La democracia es conceptualizada por la Real Academia Española como un “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”.
Un “líder” antidemocrático es aquel que, con sus acciones, suplanta el mandato popular otorgado por el pueblo, atentando así contra los derechos soberanos de la colectividad.
A quienes toman este riesgoso camino se les llama dictadores, tiranos, déspotas, opresores, autócratas. Es así que, en lugar de gobernar bajo un sistema democrático, se ponen al frente de regímenes totalitarios, abusivos, violentos, opresores y totalitarios.
Estos “líderes” antidemocráticos no tienen ni el menor respeto por el imperio de la ley y el Estado de derecho. Son absolutos beneficiándose a sí mismos y a sus cercanos grupúsculos de poder.
Violan la ley al antojo y usan las fuerzas de seguridad del Estado con fines represivos en contra de todo aquel que se atreve a pensar diferente.
Estos personajes antidemocráticos son atrevidos, menosprecian la Constitución y las leyes, interpretándolas a conveniencia para para satisfacer egos, enriquecerse o consolidar sus poderes fácticos.
Estos personajes abundaban y abundan. Están entronizados en la clase política y encuentran sus adeptos en sectores sociales, económicos, empresariales, periodísticos y hasta académicos que se dejan tentar por las “mieles del poder”.
Justifican sus acciones antidemocráticas y las revisten de “legalidad” con argucia, descaro y sobrada desfachatez.
Para cargos públicos, en los que se requiere de la voluntad de varias fuerzas políticas (así es la democracia), escogen a quien quieren y no al que no reúne los requisitos de ley.
Ponen en los puestos clave al amigo, al compadre, al que le cuidará las espaldas. Figuras clave para el fortalecimiento democrático e institucional se convierten en “perros de garra” y capataces de los políticos de turno.
Dejan al lado su alta investidura, otorgada bajo el manto de la ilegalidad, para convertirse en achichincles, en arribistas y voceros de regímenes dictatoriales, opresivos y totalitarios.
En el caso de Honduras, hay al tres cuatro actos que ponen en entredicho la vocación democrática de quienes gobiernan.
El primero es la elección de una junta directiva del Congreso Nacional sin los votos requeridos de los diputados propietarios.
En segundo lugar, la elección de un Procurador General y Subprocurador antes de tiempo y sin los requisitos para optar al cargo.
En tercer lugar, la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto interinos por parte de nueve diputados de Libre que integraron una Comisión Permanente desconocida por el pleno.
La oposición, al menos hasta hace unos días atrás, afirmaba que la Comisión Permanente no es legal porque el pleno convocado por ellos, reunió los votos suficientes para ampliar el periodo de sesiones ordinarias hasta el 24 de enero. Todo esto ocurrió esa noche del 31 de octubre.
Estados Unidos pegó la primera sacudida al anunciar restricciones de visa ante el reciente uso de la violencia en Honduras “para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto interino”.
Estados Unidos aplicó, en este caso, la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que las personas afectadas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones esa noche del 31 de octubre de 2023.
Estados Unidos ha manifestado que estas son acciones antidemocráticas que socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001.
En una sesión del Congreso, a través del Comité de Relaciones Exteriores, para analizar al gobierno de Honduras, la congresista María Elvira Salazar ya había advertido que los colectivos de Libre son grupos armados compuestos por civiles, activistas y todos lo que hacen es intimidar a opositores políticos y advirtieron que esto mismo se dio en los años de Hugo Chávez en Venezuela. Esta advertencia fue escuchada con atención por el subsecretario de Estado, Eric Jacobstein.
Estas restricciones se dan puntualmente por violencia y acciones antidemocráticas que socavan las instituciones de Honduras, faltará ver qué acciones se emprenden por corrupción a través de la lista Engel o violación a derechos humanos mediante la ley Magnitsky, las cuales imponen sanciones más severas que van más allá de las simples restricciones de visas.
Ser un líder democrático pasa por el respeto irrestricto a la ley y no por interpretaciones antojadizas y manipuladas a conveniencia por políticos de turno. A los de antes, a los de ahora y los futuros gobernantes, no queda más que decirles: ¡Recapaciten!
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