Formal procesamiento para tres de los encausados del caso “Red de Diputados”
Los exdiputados Sara Ismela Medina Galo, Carlos Roberto Guevara Velásquez y el exsecretario de INFOP, José Rogelio Sánchez García.
El juez en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Marco Vallecillo, en resolución de audiencia inicial, decretó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para los exdiputados Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara Velásquez, así como para el exsecretario de Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), José Rogelio Sánchez, acusados de fraude.
Los excongresistas y el exsecretario del INFOP están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública a título de autor, por el manejo de más de 42.5 millones de lempiras del Fondo Departamental.
El juez dictó, además, medidas cautelares distintas a la prisión mientras se agenda la siguiente audiencia.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, afirmó que “las medidas interpuestas para los encausados son las del artículo 173, numerales que son quedar al cuidado y vigilancia de su equipo de defensa rindiendo un informe, firmar cada lunes, prohibición de salir del país, prohibición de visitar lugares y dependencias involucradas y prohibición de visitar personas involucradas en el proceso”.
MÁS SEÑALADOS
En este proceso penal también se encuentran señalados el excongresista por el departamento de Choluteca y director del Consejo Nacional Superior de Cooperativistas (Consucoop), Fredy Espinoza Mondragón; el exdiputado de Intibucá, Miguel Ángel Gámez; la exparlamentaria del departamento de Choluteca, Gladys Bernarda Casco Cruz, estos dos últimos, según lo que detalla el requerimiento fiscal, son empleados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).
Sin embargo, al trascender lo anterior, el propio INJUPEMP confirmó mediante un comunicado que ellos no son empleados.
Asimismo, dentro de este proceso judicial se encuentra acusado Geovanny Castellanos Deras, contra quien hay orden de captura vigente al igual que contra los excongresistas.
Los tres encausados que ya se sometieron a este proceso judicial y que se estarán defendiendo en libertad, fueron detenidos por la Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) el miércoles pasado.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal por un fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el período de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
Aparte de los exparlamentarios, la acusación incluye a dos personas particulares que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, y se indica que presuntamente se confabularon con los excongresistas para drenar más de 42 millones 500,000 lempiras de las arcas del CN, a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
CUENTAS PERSONALES
De acuerdo con el requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados, a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONG, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros legisladores y particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
En este caso se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios, también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un período de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre estas, la de los exdiputados acusados, mientras que el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
Para los encausados que faltan por someterse al proceso judicial que se emprendió en su contra, las órdenes de captura continúan vigentes, listas para ser ejecutadas por los cuerpos de seguridad del país. (XM)
