Por: Rodolfo Dumas Castillo
La semana pasada resultó notablemente más agitada de lo que podríamos haber anticipado, considerando la proximidad de la Navidad. Inició con la visita de senadores de los Estados Unidos, quienes se reunieron con diversos sectores nacionales para intercambiar impresiones acerca de la situación del país y discutir sus visiones sobre el futuro de la región, especialmente en temas de democracia, seguridad, control de la corrupción y desarrollo económico. Muchos celebraron las afirmaciones del Senador Kaine, quien señaló que el gobierno anterior fue un desastre para Honduras.
Esa alegría duró poco pues apenas unas horas después se anunció la cancelación de visas para actores antidemocráticos en Centroamérica. Guatemala se llevó el premio mayor con la cancelación de más de 300 visas, mientras que Honduras le siguió con al menos 100. Los mismos que unas horas habían celebrado ahora hablaban de “injerencia” en las decisiones soberanas de Honduras. Es que así funciona eso de la injerencia… solo se invoca cuando afecta nuestros intereses, no así cuando se aplica a nuestros opositores.
La semana terminó con una nueva petición de extradición que parece ser contra un funcionario de la administración anterior (de las que aún faltan varias). Ese tema también celebrado por unos y condenado por otros. Estos eventos están íntimamente relacionados y tienen la intención de mandar un mensaje claro y contundente de parte de los Estados Unidos: En la lucha contra la corrupción y las acciones que atentan contra la democracia están dispuestos a utilizar todas las herramientas disponibles, sin importar como sean percibidas sus decisiones en los países donde son aplicadas.
Una de las medidas más utilizadas ha sido la Ley de Compromiso Mejorado de los Estados Unidos con el Triángulo del Norte, comúnmente conocida como la “Lista Engels”. La Sección 353 de dicha ley instruye al presidente a denegar la entrada a los Estados Unidos e imponer restricciones de visa a los individuos incluidos en la lista, responsabilidad que ha sido delegada por el presidente al Departamento de Estado. Sin embargo, la autoridad para aplicar esas sanciones está programada para expirar el 27 de diciembre de este año. No hay certeza sobre si se extenderá su vigencia o se modificará, pero es importante destacar que existen otras normativas similares, e incluso más rigurosas, que podrían aplicarse.
Una posibilidad es que el Poder Ejecutivo imponga sanciones basadas en la Ley Global de Responsabilidad en Derechos Humanos Magnitsky y la Sección 7031(c) de la legislación anual de asignaciones del Departamento de Estado (Sfops). La Ley Magnitsky permite imponer sanciones dirigidas a individuos involucrados en corrupción y abusos a los derechos humanos en todo el mundo. Su alcance incluye lo siguiente: “Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas mencionadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”.
Actualmente el Congreso de los Estados Unidos analiza varias opciones en cuanto a este tema y una de las posibilidades es autorizar al presidente a bloquear los activos de los sujetos designados bajo la Sección 353, es decir, aplicar sanciones similares a las de la Ley Magnitsky, las que incluirían a familiares de la persona designada. También existe la posibilidad de que el presidente establezca un nuevo programa de sanciones al declarar una emergencia bajo la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1601) e invocando las facultades otorgadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 U.S.C. 1701).
Independientemente de la normativa que eventualmente se implemente, aquellos que participen en actos de corrupción o pongan en riesgo los derechos humanos y los procesos democráticos en la región enfrentarán consecuencias extremadamente severas si persisten en su pernicioso comportamiento. La lucha contra la corrupción no solo reviste una importancia crucial para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, sino que también debería ser una prioridad incuestionable para Honduras.
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