Prisión preventiva para empleado judicial y su madre por cuatro delitos
Lenard Francisco Matamoros García (empleado judicial) y su madre María Reina García Cruz.
El juez en materia de criminalidad organizada y corrupción en audiencia inicial dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva para Lenard Francisco Matamoros García, quien se desempañaba como Receptor II del circuito en materia de corrupción y su madre María Reina García Cruz.
Lo anterior por suponerlo responsable de los delitos de revelación de secretos continuado. cohecho propio continuado, lavado de activos y por juegos de azar no autorizados.
Asimismo, quedó con la medida de prisión preventiva, la madre de Matamoros, María Reina García por el delito de lavado de activos.
La audiencia preliminar quedó programada a realizarse el próximo lunes 15 de enero del 2024.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutaron las dos órdenes de captura en contra de los antes mencionados el viernes pasado.
Las acciones se desarrollaron en allanamientos en la colonia San José de la Peña y la residencial Las Uvas de Comayagüela, en donde se encontraron además indicios relacionados con dichos delitos.
Matamoros García fue detenido junto con su madre María Reina García Cruz, además solicitaron citación para Dina Emérita Murcia García.
Durante el desarrollo de los allanamientos ordenados por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, aseguraron e incautaron un bien inmueble ubicado en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido), cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20 por ciento de su valor comercial a la madre del funcionario judicial relacionado.
Es preciso detallar que las investigaciones del presente caso iniciaron desde el 2019, cuando la MACCIH-UFECIC durante los procesos de solicitud de diligencias de allanamientos, se identificó que, desde el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, se estaba facilitando información a los investigados, lo que traía como consecuencia que las diligencias prejudiciales y captura de los imputados, fracasarán; lográndose identificar, al menos en dos ocasiones, la entrega de dinero a cambio de dicha información.
Se establece en el análisis financiero que los ingresos del funcionario judicial aumentaron de manera considerable cuando inicia labores en el Juzgado en Materia de Corrupción, siendo ante su salario el único ingreso identificado.
En ese período también inicia las transacciones en efectivo a través de cajeros automáticos, consistentes, al menos en 165 depósitos, que sumaron un total de L2,063,800.00.
Uno de los modus operandi a los que recurrieron son los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la administración y explotación de juego de suerte, envite o azar no autorizados, que en un principio operaban desde su vivienda y que, posteriormente durante la pandemia de COVID-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones de WhatsApp y ¨Póker¨, para organizar las partidas de juego, operando como un casino clandestino, en el que se han identificado, a la fecha, alrededor de 213 jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias a su cuenta bancaria personal, que sumaron aproximadamente dos millones de lempiras. (XM)
