Solo 56 extorsionadores han sido judicializados
Los extorsionadores siguen atacando al sector transporte y ahora hasta exigen pagos a través de transferencias bancarias.
“La falta de compromiso” de algunas instituciones a la hora de aplicar la ley a las personas involucradas en delitos de extorsión dijo preocuparle al dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix.
Lamentó que el estado de excepción, que está en vigor en Honduras desde diciembre del 2022, no ha tenido un impacto directo en la reducción de la extorsión, que es el principal delito por el cual el gobierno hondureño implementó esta medida.
Cálix expresó a HRN que “los resultados no se han logrado debido a la falta de compromiso de las instituciones que deberían formar parte del estado de excepción. La Policía Nacional ha hecho un trabajo sobresaliente, pero otras instituciones no lo han hecho”.
El dirigente aseguró que los transportistas siguen siendo extorsionados por estructuras criminales que ahora no solo les exigen dinero en efectivo, sino también bancarias y envíos por billeteras electrónicas.
“Observamos que instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones están siendo muy pasivas en la regulación del uso de billeteras electrónicas en el país y la venta de chips para teléfonos celulares”, indicó.
Agregó que de las 1,700 detenciones de presuntos extorsionadores realizadas por los diferentes órganos de seguridad del Estado, apenas 56 han sido judicializadas por el Ministerio Público. “Vemos una Fiscalía muy pasiva y los jueces actúan con negligencia para no aplicar la ley”, criticó.
PROCESAN AL 93%
Las autoridades de la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) aseguran que, en lo que va del 2023, han arrestado a más de dos mil miembros de estructuras criminales vinculados a extorsión y otros delitos. De las personas detenidas, a más del 93 por ciento se le siguen procesos judiciales, según el portavoz de la Dipampco, Mario Fú.
Según transportistas, ya tienen 24 años de estar pagando extorsiones a diversas bandas criminales, que además han cobrado la vida de 3,600 colaboradores del sector, casos que en su mayoría se mantienen impunes.
Pese a ello, el sector transporte asegura que en dos décadas son al menos 18,600 millones de lempiras los que se han pagado por concepto de extorsión.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indica en un informe que, a pesar del estado de excepción, el delito de extorsión continúa afectando a diferentes sectores económicos de Honduras, siendo el transporte el más perjudicado.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
El documento detalla que, de mayo a noviembre, la modalidad de extorsión a través del cobro en efectivo ha disminuido, pero otros métodos, como las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas, han aumentado.
Por ejemplo, los pagos mediante transferencia bancaria han aumentado del 20 por ciento al 30 por ciento. Mientras que los pagos a través de billeteras electrónicas han pasado del 11 por ciento al 14 por ciento.
El director de la ASJ, Carlos Hernández, señaló que “se ha incrementado el uso de plataformas electrónicas y las transferencias para el cobro de extorsiones”.
