Juez deja con medidas a excongresista de Choluteca por el caso “Red de Diputados”
La exparlamentaria del departamento de Choluteca, Gladys Bernarda Casco Cruz.
El juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción celebró la audiencia de declaración de imputado para la exdiputada por el departamento de Choluteca, Gladis Bernarda Casco Cruz, acusada del delito de Fraude, en perjuicio de la administración pública.
En su resolución de audiencia, el juez dictó medidas distintas a la detención judicial en su contra, y se programó la audiencia inicial para el próximo 04 de enero del 2024, a las 9:00 de la mañana.
Así lo informó la portavoz de los juzgados Bárbara Castillo, quien además detalló que la encausada se presentó de manera voluntaria al juzgado y que las medidas interpuestas por el juez son no salir del país, presentarse cada quince días a firmar al juzgado, quedar al cuidado y vigilancia de su apoderado legal.
En relación a esta causa, el pasado 14 de diciembre, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal por un fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014 y entre ellos se encuentra la encausada.
Se trata de otra de las líneas de investigación concluidas en el sonado caso “Red de Diputados”.
De acuerdo a la acusación, Casco Cruz, figura como empleada del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), sin embargo, este extremo fue desmentido mediante un comunicado emitido por la institución que manifestaron que no es empleada.
De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
En este caso, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la Ajopadih y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación. (XM)
