Rafael Delgado
Termina un año y necesariamente los pensamientos se dirigen a lo ocurrido en los últimos doce meses. La agenda política anual abrió centrada en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y cerró con la del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Dos procesos que una vez más sacaron a la luz las condiciones de la institucionalidad del país, los incentivos, así como las motivaciones que mueven los procesos. Como era de esperarse las expectativas de la gente eran muy altas, apuntando a lograr que en el país se llegaran a grandes acuerdos políticos enmarcados en ley, así como apegados al interés público para así iniciar un verdadero proceso de adecentamiento de la justicia hondureña.
La elección de la Corte se logró tras un proceso de escrutinio de capacidades y competencias de los candidatos, pasando después al Congreso Nacional donde se eligieron a los magistrados favoritos. Formalmente se desactivó la crisis al satisfacerse las demandas de las cúpulas que actúan en nombre de la institucionalidad partidaria tras el telón. Se constató nuevamente el tradicional camino de la repartición de los puestos para cada una de las fuerzas políticas importantes quedando así resueltas las diferencias, pero no los problemas profundos y arraigados de ese poder del Estado.
Siguió el proceso de elección de las autoridades de la Fiscalía que inicialmente mantuvo las formalidades de un supuesto proceso apegado a criterios de capacidad y valores. Pero nuevamente los mecanismos ocultos y poderosos de las cúpulas se impusieron sigilosamente desde un principio ante una junta nominadora que no pudo o no quiso desactivar la trampa. Sin embargo, el problema de cómo repartir entre tres algo que solamente puede dividirse entre dos, o mejor dicho cómo lograr una mayoría suficiente dividiendo el botín entre dos, causó el impasse en el marco de la relación de fuerzas en el Congreso Nacional. El año finaliza con la crisis en evolución, con la elección de los interinos que solamente debieran ser una transición rápida para dar lugar a una elección por el pleno del Congreso Nacional tal y como la gente lo espera: fiscales comprometidos con la lucha contra la corrupción, pero independientes, sin sesgo hacia ningún grupo político que busque inmunidad para los propios y revancha para los opositores.
A lo anterior habrá que agregar la lentitud en la constitución de la Comisión Internacional de lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih). Muchísimas opiniones se han expresado sobre este proyecto que en primer lugar pone de manifiesto la existencia de un Estado inefectivo, pese a toda la institucionalidad existente; incapaz de perseguir el crimen, la corrupción y aplicar la ley. Es un proyecto sobre el que nadie públicamente se ha expresado en su contra, pero que tiene enemigos ocultos desde todos los ángulos. La lentitud con que esto se mueve, el secretismo que impera entre las partes que negocian indica por un lado el cuidado con que se mueve la ONU para evitar una Cicih condenada al fracaso y por otro lado el temor de la clase política hondureña por una Cicih que termine revirtiéndose contra las mismas cúpulas poderosas del país.
El país va por mal camino a la luz de estas situaciones anteriormente comentadas. Cambios claves para la institucionalidad jurídica del país se ahogan en la negociación perversa de las cúpulas y de los poderosos grupos de presión del dinero y la política, mediatizando el espíritu de cambio. Lo anterior es fatal ya que eso inhibe las fuerzas del desarrollo, paraliza las iniciativas emprendedoras, fomenta la emigración irregular, acentúa la decepción de los hondureños que no ven perspectivas claras y positivas en el corto plazo. El próximo año inicia con los mismos problemas de antaño sin resolverse, con el agregado que los partidos políticos tendrán el ojo puesto en alinear voluntades y recursos para entrar de lleno a la campaña electoral. Corresponde a la ciudadanía organizada exigir en el año que viene apego a la agenda de cambio que la mayoría ha exigido con el transcurrir de los últimos años. Claramente que sin una ciudadanía alerta y propositiva nada nuevo sucederá en el país.
