Organizaciones exigen retirar orden de detención contra crítico del Gobierno salvadoreño
(LASSERFOTO AFP)
Un grupo de organizaciones civiles de El Salvador exigió este martes que se retire la orden de detención provisional contra Rubén Zamora, exdiputado y crítico del Gobierno, al considerarla como un intento de “callar” a la sociedad.
“Estamos exigiendo que se le respete la vida, que se le respete la libertad, que se le retire la orden de captura que han emitido en contra de él (Zamora), porque es ilegal, es inconstitucional y es inmoral”, dijo a EFE Ronald Umaña, del movimiento Resistencia Ciudadana.
Agregó que “el trasfondo de esa orden de captura es ver cómo callan a la sociedad civil” y “este es un mensaje para ver si nos callamos”.
El 23 de diciembre se dio a conocer una resolución en el proceso por la masacre de El Mozote, donde el Ejército ejecutó a unos 1.000 civiles en 1981, en la que se ordenó prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Zamora, crítico del Gobierno de Nayib Bukele.
La jueza Mirtala Portillo, que es acusada de “opacidad” por la querella del proceso penal y de dilatar el avance a juicio, indicó en su resolución que estas personas supuestamente encubrieron a los procesados con la promulgación de una ley de amnistía de 1993.
A juicio de Umaña, “a la jueza es obvio que le dieron ordenes de sacar esa orden de captura porque ella debe saber que hay un artículo 125 en la Constitución que le da un fuero a los diputados en el tiempo, que no son responsables de las opiniones o de los votos que hayan emitido”.
Advirtió que, por su edad, Zamora “no puede estar en ninguna cárcel de estas, ahí lo terminarían asesinado”. Y que “aquí sube de escalón la dictadura, aquí la represión va a ser más clara, va a ser manifiesta en el país”.
Además de representantes de Resistencia Ciudadana, al que pertenece Zamora, al pronunciamiento público se sumaron el Bloque de la Sociedad Civil (BSC), el Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y Justicia Plena.
En 1993, poco antes que una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas revelara su informe sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), la Asamblea Legislativa promulgó una ley de amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.
Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), causó unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares. EFE
