Exembajador de Nicaragua señala a viceministro como encargado de desterrar a nicaragüenses
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields señaló este jueves al viceministro de Gobernación (Interior), Luis Roberto Cañas Novoa, como el funcionario encargado de prohibir el ingreso al país de opositores y críticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
“Luis Cañas (es) el hombre que confisca pasaportes y llama a las líneas aéreas para negar el ingreso de nicaragüenses a su patria”, afirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) McFields, que se rebeló contra el Gobierno nicaragüense durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022.
El diplomático y periodista, que formó parte del Gobierno sandinista desde 2011 hasta marzo de 2022, indicó que Cañas “fue premiado” por Ortega, quien lo nombró en la víspera también comisionado general de la Policía Nacional.
Cañas, uno de los fundadores en 1979 de la Policía Sandinista (ahora Policía Nacional) y uno de los jefes de la inteligencia policial, había sido enviado a retiro en 2007 por la entonces directora de la Policía Nacional, Aminta Granera.
Ortega y opositores elogian su trabajo de inteligencia
El presidente Ortega, que se encuentra en el poder desde 2007, lo nombró en junio de 2015 como viceministro de Gobernación, cargo que ostenta hasta ahora.
Ortega ha elogiado el trabajo de Cañas y ha dicho que es “un compañero que no lo dejamos dormir” y que es el que está “pendiente del tráfico terrestre, del tráfico aéreo, de la gente que entra por pasos ciegos”.
Los opositores lo identifican como uno de los hombres de mayor confianza de Ortega y de la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo, y como el verdadero poder en el Ministerio del Interior, desde donde también se ha encargado de ilegalizar a más de 3.500 ONG, crear una estructura de inteligencia en el Estado, cancelar pasaportes a nicaragüenses críticos o prohibir su ingreso a Nicaragua.
Sus críticos reconocen de Cañas “gran experiencia en inteligencia policial” y que desde su cargo controla información de todos los ministerios de Estados, de las embajadas acreditadas en Nicaragua, de la Policía Nacional, de la Dirección de Migración y Extranjería, y de responder única y directamente a Ortega y Murillo.
La apatridia de facto
Hace dos semanas, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más alertó sobre “un nuevo método de represión” implementado por el Gobierno contra críticos y opositores, que consiste en prohibirles la entrada al país cuando salen de viaje y buscan retornar, que, según McFields, está a cargo del viceministro del Interior.
“Este Colectivo quiere alertar de un nuevo método de represión, como lo es la apatridia de facto, derivada de la negativa infundada de no dejar entrar a nicaragüenses a su patria, por ser personas consideradas traidoras al Gobierno, o bien por el simple hecho de ser familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados/as y personas defensoras de derechos humanos”, denunció en una declaración esa ONG, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
Las autoridades de Migración y Extranjería -subordinada a la cartera de Gobernación-, que es la encargada de notificar a las aerolíneas o al transporte terrestre sobre esa prohibición a los viajeros nicaragüenses, no suelen dar explicaciones sobre esa medida, que ha afectado principalmente a activistas de derechos humanos, académicos, periodistas, religiosos, críticos u opositores a Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE
