CONTINÚA siendo una falla histórica, moderna y contemporánea (en la cual se ha incurrido en los últimos cinco siglos), aquello de pretender que el municipio sea una entidad corporativa ajena completamente a la existencia del Estado central y de los vecinos, y ajena además al concepto intrínseco de este edificio civilístico. Una cosa es la autonomía local, que debe ser respetada, y otra cosa es la ausencia de iniciativa “estatal”, hasta en proyectos mínimos, de parte de las autoridades municipales de cualquier rincón de un país, que esperan que todo lo hagan las autoridades centrales o los mismos vecinos del municipio.
Antes de existir el Estado como un conglomerado general de población y territorio, existió el Estado municipal, es decir, la clásica ciudad-Estado del mundo antiguo, que los arqueólogos han redescubierto en el sur de Mesopotamia, en Egipto, en las proximidades del Mar Egeo y en todos los emplazamientos urbanísticos de la civilización maya, incluyendo el occidente de Honduras. A renglón seguido habría que añadir que en la Edad Media española algunos reyes e hidalgos caballeros devenían obligados a rendir juramento de fidelidad y de respeto a la institución de lo que hoy conocemos como “cabildos abiertos” de las municipalidades, en el caso remoto que siga la práctica positiva de las viejas asambleas abiertas en donde la población civil solía expresar sus quejas o exponer sus proyectos, fueran públicos o privados.
Se sabe que muchos municipios hondureños operan con precariedad financiera ya sea por la escasez tributaria, por la ausencia del Estado central o por los bajos niveles de productividad de la población civil, que por diversos motivos se siente impelida a emigrar hacia la Metrópoli del Norte, dejando un vacío de mano de obra en el renglón de las siembras y cosechas de maíz y de otros productos pero, sobre todo, a la hora de recoger y resguardar los granos de café, el rubro más importante de la economía nacional en las aldeas y montañas del interior.
Aparte de las limitaciones arriba señaladas, se interpone como un obstáculo ciego ante cualquier proyecto de los vecinos comunales, la “eterna” modorra de las autoridades edilicias, que por regla general se niegan a tramitar las iniciativas de mejoramiento urbano; o a reparar los tramos carreteros que son indispensables a la hora de mover los productos de cada localidad. Desde luego que existen las excepciones de la regla en donde los alcaldes exhiben grandes iniciativas en pro del mejoramiento de las pequeñas ciudades. Sin embargo, siguen siendo eso, salvedades o excepciones.
En esta línea de observación habría que analizar la situación particular de cada uno de los pueblos turísticos de Honduras, con sus fortalezas, debilidades y riesgos. Lo normal es que los emplazamientos turísticos hondureños sean de origen minero colonial; o bien prehispánico; pero ocurre que a pensar de su condición de “turísticos” la logística falla en muchos aspectos, por negligencia de las autoridades municipales y de los vecinos mismos, a quienes les falta voluntad de servicio con los visitantes y también con los paisanos. Hay cuando menos uno o dos municipios turísticos cerca de Tegucigalpa, en donde los hoteles de clase media son anodinos (casi inexistentes); no hay ninguna agencia bancaria y los alimentos que ofrecen en los restaurantes son caros y a veces de malísima calidad. Tampoco se habilitan los indispensables parqueos, y las calles de los pueblos están como abandonadas por las alcaldías y, cuando experimentan ciertas mejoras, es por el sacrificio numismático de los pobres vecinos. Razón por la cual la gente común queda interrogando: ¿Qué se hicieron los impuestos vecinales?, ¿en dónde fueron invertidos?
Repotenciar una recaudación fiscal razonable significaría procurar el crecimiento real del aparato productivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades contribuyentes, con el fin de convertir los diversos puntos cardinales de Honduras en imanes de atracción para los extranjeros que traen divisas coadyuvantes al crecimiento gradual de la economía nacional, en una relación dinámica entre el Estado central y el gobierno municipal.
