Por: Rodolfo Dumas Casillo
Durante más de cuatro meses, el Congreso Nacional ha permanecido inactivo, incumpliendo su deber de legislar en un momento crucial en el que el país requiere reformas significativas. El daño de ese estancamiento es cada día más evidente en el deterioro económico que sufre la nación, catalizado por la caída de la inversión privada, el aumento del desempleo y un grave deterioro social. La inactividad legislativa no se debe a situaciones de emergencia, como ocurrió durante la pandemia. En este caso, la parálisis surge de una lucha de poder y de una extrema división partidaria.
No tenemos ninguna duda que en una democracia sana la pluralidad de ideas, el disenso y el debate público son necesarios, casi indispensables, para asegurar que la ciudadanía y sus representantes encuentren vías para abordar los principales desafíos nacionales. Estas situaciones y actitudes pueden ser una expresión saludable de las diferencias sociales, políticas e ideológicas, pero también pueden convertirse en un grave problema para la democracia cuando se manifiestan a través de enfrentamientos irreconciliables entre tribus políticas.
Este fenómeno no es exclusivo de Honduras, pues existen diversos estudios que reflejan que en nuestro continente la polarización ha alcanzado niveles preocupantes, inclusive en democracias consolidadas como la de los Estados Unidos de América. Por lo general, se manifiesta al simplificar la política a una dicotomía en la sociedad que obstaculiza la construcción de consensos y materializa el adagio “estás conmigo o estás contra mí”. Ese pensamiento causa que las diferencias se conviertan en posiciones irreconciliables, eliminando la posibilidad de que valores como el diálogo, la libertad de expresión o el respeto mutuo se cumplan. A quienes no comparten nuestro pensamiento, los etiquetamos sumariamente como enemigos.
Cuando la sociedad se ve fragmentada en campos políticos antagónicos y ninguno de los actores muestra interés en moderar el tono, la democracia sufre las consecuencias adversas. En ocasiones son los mismos líderes quienes atizan las llamas de la confrontación social, cerrando espacios aún permitan lograr consensos, conduciendo la agenda nacional hacia los extremos y enmarcando el relato en un discurso que niega al adversario su derecho a pensar distinto. En este escenario, es mucho más probable que quienes gobiernan se sientan más seguros de sus mayorías (legislativas, electorales, etc.) y busquen mecanismos para asegurar esa aparente posición de ventaja, concentrando el poder, controlando las instituciones e incluso deslegitimando a los críticos.
Existen numerosos estudios que analizan el papel de las redes sociales en fomentar un ambiente tóxico entre los ciudadanos. Los algoritmos están diseñados para favorecer los contenidos que más suscitan debate, generan odio, provocan indignación o contribuyen a la crispación. A medida que las personas sucumben al poder casi hipnótico de esas redes, sus algoritmos se vuelven aún más implacables al dirigir contenido polémico a los usuarios. Lo preocupante es que este fenómeno ocurre sin una regulación efectiva por parte de ninguna autoridad a nivel global. Para empeorar la situación, la inteligencia artificial, en manos sin escrúpulos, podría amplificar este entorno de violencia digital.
La situación en Honduras ilustra claramente todas estas situaciones y produce una sociedad profundamente dividida en campos políticos antagónicos. Un indicador evidente de esta confrontación irreconciliable es precisamente la falta de sesiones en el Congreso Nacional. Esta situación causa terribles daños a un país que lo que menos debe hacer es dejar de trabajar. En el caso de nuestros legisladores, su inactividad debilita la democracia y entorpece los esfuerzos del resto de la nación por generar bienestar.
Esperamos que esta prolongada crisis del Congreso termine pronto y que, en lo sucesivo, nuestros diputados adopten un comportamiento que sea congruente con las urgentes necesidades del país; que cumplan sus deberes reconociendo y respetando la diversidad de ideas, visiones e intereses presentes en la sociedad. Esto no implica la búsqueda de uniformidad de pensamiento ni la aceptación de verdades absolutas, sino más bien el compromiso de encontrar soluciones a pesar de nuestras diferencias. Al aprovechar el pluralismo y la diversidad ideológica presentes en ese órgano estatal, contribuirían significativamente a “desintoxicar” la actividad política.
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