Comienzan a evacuar la prueba documental en el caso Pandora II
El expresidente Lobo Sosa es uno de los imputados en este caso.
El juez natural designado reanudó ayer la audiencia inicial en la causa instruida contra el expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, acusado de fraude, igual que al extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit.
Asimismo, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de Presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude, por este último se giró orden de captura por no haberse presentado a la audiencia.
Otro de los implicados es el expresidente Juan Orlando Hernández acusado por fraude, así como por el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.
Esta acusación es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en el caso denominado “Pandora II”.
Desde la audiencia de declaración de imputado, el juez natural a petición de partes procesales dictó medidas distintas a la detención judicial a los seis imputados que se presentaron a audiencia.
Entre las medidas que cumplen y gozan los encausados se encuentran la prohibición de salir del país, firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de seis millones de lempiras.
Por motivos de salud a dos de los encausados se les permitirá salir del país, siempre y cuando informen al respecto al juez que conoce esta causa. Durante la tarde se informó por parte del Poder Judicial que se comenzó con la evacuación de la prueba documental admitida al Ministerio Público.
El caso que fue presentado ante la secretaría general de la CSJ el pasado 11 de octubre del año pasado, el mismo se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Uferco, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras que se autorizaron a las fundaciones “Todos Somos Honduras y Dibattista”, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa. (XM)
