Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Todas las instituciones que se crean guardan un propósito público y aparente, y otro de carácter privado, que es la esencia de la intención humana. Tal es el caso del sistema de seguridad social, que nació como una garantía de acceso a la salud pública y a las pensiones de jubilación para los trabajadores.
Muchos sostienen que la institución de la seguridad social nació en tiempos de Bismarck, sin embargo, fue durante la gestión de Franklin Delano Roosevelt y el “New Deal” que tomó la forma operativa que impera en casi todos los países, excepto en aquellos donde predomina un régimen privado de aportaciones. La “buena” intención de Roosevelt no fue el producto de una decisión personal, sino del empuje ideológico-religioso de algunas familias millonarias como los Rockefeller, que vieron la oportunidad de humanizar un sistema público de salud a tenor de la crisis causada por el “crack” de la Gran Depresión de 1929.
El espíritu posmilenarista de las élites norteamericanas de ese tiempo, sumado a cierta dosis de marxismo y de economía keynesiana, fueron piezas clave para gestar un régimen de seguridad social y de pensiones que sirviera de protección a los millones de parados que el mismo capitalismo había tirado sobre la lona. Pero la verdadera causa fue la contención de una posible huelga generalizada que habría puesto en peligro la estabilidad del sistema social norteamericano.
Así se gestó ese régimen -llamado también de reparto-, en forma de una tasa impositiva que los ricos industriales no tuvieron empacho en participar, mientras que a los emprendedores pequeños no les gustó para nada la noticia. Al final de cuentas, los aportantes resultaron ser los empresarios y los mismos trabajadores.
¿Por qué el modelo actual, adoptado por Honduras en 1959, se encuentra en crisis de la que parece no existe una salida exitosa? ¿Por qué los servicios de esa buena intención se han deteriorado, tal como se constata en el día a día en nuestro país? Los economistas liberales sostienen que el régimen de reparto es insostenible, financieramente hablando, es decir, que no capitaliza, puesto que las aportaciones no están sujetas al ahorro y a la reinversión, como en un régimen privado, sino que se gastan ese mismo año. La otra crítica tiene que ver con la inflada e insostenible burocracia administrativa, que resulta ser más protagonista que el eje central de los servicios médicos y de pensión.
Para los defensores del sistema de reparto, la solución radica en un crecimiento sostenido de las aportaciones, lo que significa que habría que estimular la inversión extranjera y local para aumentar el volumen de aportantes. Sin embargo, con una economía en crisis, las cosas se vuelven más difíciles, aun así se rompieran los famosos “techos” de aportación empresarial.
La solución para los economistas liberales radica en una mercantilización de los servicios, es decir, que el sistema tradicional mantenga cierta red de servicios privados tercerizados para atemperar el creciente gasto actual. La más radical de las posturas es la privatización y la descentralización del sistema actual, tema que genera mucha polémica, ya sabemos las razones.
Sería interesante, en todo caso, que políticos inteligentes y con visión de estadista, examinaran el funcionamiento de ciertos modelos europeos -como el de Estonia- y el de Chile, que resultan muy eficaces, y que servirían de ejemplo para fortalecer el modelo actual que ofrece servicios tercermundistas, en detrimento de los trabajadores más pobres y los jubilados.
