El Ejecutivo de Nicaragua asignará ahora el presupuesto constitucional al Poder Judicial
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este miércoles en segunda legislatura en Managua una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4 % del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
La reforma constitucional, aprobada por los 91 legisladores nicaragüenses, establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones, la cual estará sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo, que desde el 2007 es presidido por Daniel Ortega.
La enmienda, que al ser constitucional necesitaba ser aprobada en dos legislaturas (periodos de sesiones parlamentarias), tiene como fin “homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria”, según los legisladores sandinistas.
En 2023 el Poder Judicial recibió 154,21 millones de dólares, equivalente al 4 % del Presupuesto General de la República.
Un porcentaje igual, del 4 % (196,03 millones de dólares), tiene proyectado recibir en el 2024, según la Ley Anual del Presupuesto de la República.
En noviembre pasado, los diputados también reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios realizados en la Carta Magna.
En esa ley, los legisladores reformaron el artículo que establecía que la modificación de las partidas presupuestarias se originaba únicamente por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y que era aprobada luego por el Parlamento.
Además se eliminó la facultad que tenía la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en ese entonces en primera votación en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra “intervenida” por la Policía Nacional.
Según la prensa local, la Policía Nacional ha detenido a decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales y estaría bajo investigación.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se han referido desde entonces a esas presuntas detenciones e investigaciones, y Ramos, a quien no se le ve en público, dejó de participar en los actos oficiales que encabeza el presidente Daniel Ortega.
Los legisladores también aprobaron en segunda legislatura la modificación del artículo 138 de nuestra Carta Magna que suprime la facultad del Parlamento para elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que ahora corresponderá a esa entidad.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.EFE
