Resolución contra juez ejecutor ahora se dará a conocer el martes
Al juez ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, se le acusa de prevaricato y falsificación de documentos públicos.
El juez del Juzgado en Criminalidad Organizada y Corrupción suspendió la audiencia inicial en la causa instruida para el juez ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, por suponerlo responsable de prevaricato y de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
Lo anterior lo confirmó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, quien además agregó que se convocó a las partes procesales para el próximo martes 23 de enero a las 2:00 de la tarde, para dictar la resolución correspondiente.
El pasado 9 de enero, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), presentó requerimiento fiscal en contra de Rivera Argueta.
Según lo investigado por la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció del recurso de amparo número SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre de 2016, por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, a favor del señor José Olivio Rodríguez Vásquez, contra actuaciones del Ministerio Público relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos, presentada por el MP ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
Esta solicitud tenía el propósito de analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en relación a una causa que fue denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en contra de Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Olivio Rodríguez, este último ostentaba en su momento la calidad de alto funcionario del Estado por ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró con lugar en fecha 22 de noviembre del año 2018 la acción de amparo presentada, por considerar la vulneración de la Garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República y la aclaración de sentencia el 5 de febrero de 2020, pero en ningún momento ordena al MP proceda al cierre de la denuncia, tal como lo ordenó el ahora imputado a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el 24 de octubre de 2023.
El encausado fue detenido por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a inmediaciones de la CSJ, el martes 9 de enero y presentado ante los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción para la audiencia de declaración de imputado, donde lo dejaron con medidas distintas a la detención judicial, pues se defiende en libertad. (XM)
