Fiscalía pide prisión preventiva contra expresidente del BCH, Wilfredo Cerrato

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), pidió en la etapa de conclusiones del caso “Pandora II”, que se ratifiquen las medidas a los imputados, excepto al extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, contra quien se solicita prisión preventiva por amenazas a uno de los peritos financieros.

La resolución se dará por parte del juez este jueves 25 de enero a las 8:00 de la mañana, donde se podrá dictar auto de formal procesamiento con medidas o un sobreseimiento provisional o definitivo.

Adicional a esto se sabrá si es tomada en cuenta por parte del juez, la petición realizada en torno al cambio de medida sustitutiva por prisión preventiva para el exfuncionario Cerrato.

AMENAZAS

Durante la etapa de conclusiones la Fiscalía expuso ante el juez natural, magistrado Walter Miranda Sabio que “el pasado lunes 15 de enero del año en curso, en la Sala VI de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), inició la exposición de la pericia financiera en el caso Pandora II, a eso de las 3:30 de la tarde, culminando aproximadamente a las 6:00 de la tarde, luego de esto, el señor juez otorgó un receso debido a que uno de los abogados defensores presentó problemas de salud, situación que obligó a suspender momentáneamente el interrogatorio de la pericia, aprovechando el perito para ir al baño”.

Continuaron que “segundos después sin percatarse el imputado Wilfredo Rafael Cerrato, se levantó de su silla y lo siguió a la misma dirección, entrando al baño el imputado Cerrato empezó a tratar mal al perito, diciéndole malas palabras (…), de igual manera le hizo saber que por su culpa él estaba en esa situación”.

Observando tal acción el alguacil de la Sala VI, intervino en el baño, situación que aprovechó el perito para poder salir del área de sanitarios.

Agregaron los fiscales de la Uferco que lo volvió a insultar y “le dijo que se quitara el carné del Ministerio Público y que se fueran afuera del edificio para ver qué iba pasar, interviniendo en ese momento los agentes de investigación que acompañaban a los fiscales, para evitar más conflictos con el señor Cerrato, quedando constancia en acta de todo lo ocurrido”.

IMPUTADOS

Entre los imputados en este proceso penal se encuentran el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa (acusado de fraude), el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; también los exgerentes administrativos de Finanzas, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el exdirector de Presupuestos de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por supuesta violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Por este último se giró orden de captura por no haberse presentado a la audiencia.

Otro de los implicados es el expresidente Juan Orlando Hernández acusado por supuesto fraude, así como por el presunto delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.

Los encausados en este proceso actualmente se defienden en libertad, gozan de medidas distintas a la detención judicial, entre estas la prohibición de salir del país, firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de seis millones de lempiras.

Este caso fue presentado ante la Secretaría General de la CSJ el pasado 11 de octubre del 2023 y se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Uferco, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras que se autorizaron a las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.

IMPLICACIÓN

La supuesta implicación del expresidente Hernández Alvarado se basa en el presunto beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, según la acusación, mediante la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios.

Conforme con la acusación, esos dineros públicos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales.

En todas las ampliaciones presupuestarias, según el MP, tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los recursos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.

También la Uferco señala que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.

La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición que aún persiste.

En esta causa, el juez de letras designado, emitió dos órdenes de captura, ya que no fue localizado el sindicado David Ortiz Hawit y el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, este último preso y en juicio en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico. (XM)