Instan al CN a realizar audiencias trimestrales para vigilar el presupuesto
El informe presentado por la ASJ sobre el estudio del Presupuesto 2024.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó hoy un informe, en el cual abogó para que haya más transparencia en el Presupuesto General de la República y mayor responsabilidad del gobierno para generar el bienestar social.
La primera consideración que hace es que la aprobación del Presupuesto 2024 se realizara en 10 horas, en un solo debate y a la medianoche, “después de un extenso período de receso legislativo marcado por la incapacidad, falta de interés real para lograr consensos y bajo negociaciones opacas, que conllevan a un mayor debilitamiento de la democracia”.
Precisan que “siguiendo las prácticas del pasado, la medianoche del martes 16 de enero, en un solo debate que duró un poco más de 10 horas de discusión el Congreso Nacional aprobó de forma tardía el Presupuesto General de la República por un monto de L407,137.5 millones, que representa 46% del Producto Interno Bruto”.
La ASJ entregó a la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, en octubre de 2023, valoraciones sobre aspectos preocupantes y recomendaciones.
Señalan que el Presupuesto 2024 en continuo ascenso, que representa un incremento de 3.7% respecto a 2023 y 32% respecto al aprobado en 2022, pese a que en los dos últimos años de gobierno los niveles de ejecución han alcanzado en promedio un 86% del presupuesto vigente, sin que se haya informado a la población cuáles han sido los motivos que impiden una ejecución oportuna de los fondos para garantizar el acceso a servicios de salud, educación y seguridad de calidad.
Manifiestan que “el incremento del endeudamiento de la administración central en 23%, pasando de L58,148.5 millones en 2023 a L71,547.9 millones en 2024. Es de hacer notar que el presupuesto destinado para pago de servicio de deuda de la administración central es de L55,635.5 millones (23% del presupuesto).
Sin embargo, continúa la misma tendencia de las administraciones anteriores de adquirir más endeudamiento. Solo en 2023 se identificaron más 1,249 millones de dólares en nuevos préstamos suscritos, generando compromisos a futuro que limitan inversiones en sectores prioritarios como salud y educación.
Los expertos de la ASJ consideran que el incremento del presupuesto 2024 se concentra principalmente en servicio de la deuda y las secretarías de Gobernación y Justicia, e Infraestructura (32%). Esta última dependencia estatal ha sido una de las más vulnerables ante la corrupción, por lo que es fundamental fortalecer los mecanismos de priorización, auditoría y control interno en los procesos de compras y contrataciones.
Dicen que persiste la tendencia de priorizar aumentos en la Secretaría de Seguridad (14.2%) y Defensa (4.6%), contemplando estas un incremento más alto, respecto a la Secretaría de Salud (9.4%) y Educación (6.9%).
Detallan que el 88% del presupuesto se concentra en sueldos y salarios, servicio de deuda y transferencias por ley, por lo que su ejecución no debería ser menor a esta cifra. Por otra parte, esto significa que existe poca disponibilidad de recursos para inversión física (7%), materiales y suministros (5%), lo que frena la generación de empleo que promueve la competitividad y bienestar de las personas.
Sobre las transferencias a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por L11,465.3 millones se da sin condiciones de cumplimiento de resultados. Las pérdidas de energía han aumentado en lugar de disminuir, alcanzando a la fecha 38.37%, mientras los hondureños seguimos sin gozar de un servicio de calidad.
ASJ, finalmente, insta al Congreso Nacional a la realización de audiencias trimestrales con instituciones del sector público, con la participación y veeduría ciudadana, como una medida para monitorear y garantizar la ejecución oportuna del presupuesto.
ASJ destaca de manera positiva la aprobación del Presupuesto General de la República 2024, como una herramienta esencial para el desarrollo, que permite generar bienes y servicios necesarios en el actual contexto de múltiples crisis que atraviesa Honduras y hace un llamado al gobierno para que implemente mecanismos ágiles y transparentes que permitan una ejecución eficiente y oportuna del presupuesto, con el objetivo de proporcionar servicios de calidad, especialmente a la población más vulnerable.
