Movimiento de Víctimas denuncia la muerte de un pescador en una cárcel de El Salvador
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció este martes la muerte de un pescador en una cárcel de El Salvador, que fue detenido en el contexto de un régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
El Movir, una organización que ha acompañado a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria, señaló en su cuenta en la red social X que la víctima fue identificada como José Ricardo Flores Mejía, quien falleció el lunes.
Indicó que Flores Mejía fue capturado “arbitrariamente” cuando comenzó la medida de excepción y que “desde entonces no se supo nada de él”, “estaba desaparecido hasta que una funeraria informó sobre su fallecimiento”.
El Movir apuntó que la víctima se dedicaba a la pesca artesanal y que era originario de una zona rural de la playa Los Blancos, en el central departamento de La Paz.
“Siguen las muertes bajo la responsabilidad del inhumano régimen de excepción. Ahora no son las pandillas las que enlutan al pueblo (…) José no era pandillero, ni ladrón”, agregó.
De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario, más de 200 personas han muerto en prisión bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del régimen de excepción.
La mayoría de las muertes en las cárceles salvadoreñas se ha dado por “negligencia por la falta de atención médica” y “homicidio”, según Socorro Jurídico.
El Movir pidió el lunes al Congreso de El Salvador que apruebe un decreto que otorgue la libertad condicional a detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que padezcan enfermedades crónicas y terminales.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de “sus peores crisis” de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas. EFE
