En la audiencia previa al juicio del 18 de enero, el abogado Raymond Colon, defensor de Juan Orlando Hernández, expresó que su cliente quería removerlo de su cargo. El juez Kevin Castel respondió brevemente, mencionando que ya había tomado una decisión al respecto, refiriéndose a un comunicado de la corte emitido después de que Juan Orlando Hernández solicitara un cambio en su defensa el 10 de enero.
El expresidente Hernández había presentado una carta en la que expresaba preocupaciones sobre su capacidad para financiar una defensa adecuada, debido a la complejidad del caso y la gran cantidad de material involucrado. Tanto él como su abogado, se han enfrentado a dificultades para revisar el material, y la defensa había recibido una cantidad considerable de material adicional del Gobierno en diciembre, con la promesa de más entregas en el futuro, lo cual superaba el plazo acordado para la producción de documentos. Además, Hernández alegó que no cuenta con los recursos financieros necesarios para continuar pagando a su defensor.
En vista de estas circunstancias, Juan Orlando solicitó se le asignara un defensor público, para ayudar en su preparación para el juicio y una prórroga de siete semanas en la fecha de inicio del juicio para permitirle a él y a su nuevo abogado, tener tiempo suficiente para prepararse adecuadamente.
El juez Castell rechazó la solicitud de Hernández Alvarado y mantuvo la fecha del 5 de febrero para el inicio del juicio. Durante la audiencia del 18, sin embargo, el expresidente Juan Orlando Hernández, volvió a expresar sus preocupaciones, incluyendo la salud de su abogado, la dificultad para comunicarse con él, la necesidad de llamar testigos desde Honduras y la falta de una computadora. También mencionó que una persona que había traído a su abogado Colon, afirmaba ser un infiltrado de la DEA y que ahora impedía la recaudación de fondos para su defensa privada.
«El señor Jorge Levy fue a Honduras enviado por la DEA, afirmando que podía conseguir un indulto por parte del expresidente Donald Trump para Tony Hernández. El señor Levy ha hecho declaraciones sobre usted, su señoría. Fue cuando asesinaron al hijo del expresidente “Pepe” Lobo, yo estaba en Honduras y Levy me culpó del asesinato. Recibí luego una llamada de un capitán de la cárcel MDC (donde está Juan Orlando Hernández interno) afirmando que Jorge Levy les llamó diciendo que Juan Orlando había ordenado asesinarlo a través de un teléfono que (JOH) no tiene», afirma el abogado Colon.
Silencio en la sala. El juez Castell necesita unos segundos para procesar lo que le dice el abogado Colon. El general Juan Carlos Bonilla aprovecha la oportunidad y se pone de pie. También reclama descontento con su abogado defensor. Finalmente, el juez Castell cerró la audiencia enfatizando que no había tiempo para más abogados y suspendió la sesión. Posteriormente, se confirmó que la fecha del juicio se mantendría para el 5 de febrero.
La semana pasada, luego que la corte negara un abogado público para Hernández Alvarado, la familia del expresidente organizaron una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe, para juntar 300,000 dólares, que serían destinados para pagar un abogado suplementario para conocer el material que la fiscalía, aún a la fecha, sigue entregando del caso. Juan Orlando sabe que debe revisar cada documento que se le entregue: fotos, videos, capturas de pantalla, transcripción de testimonios de testigos, declaraciones oficiales y no oficiales, noticias, comentarios en redes sociales, informes; pero sobre todo, que debe revisar el material clasificado que tanto tiempo peleó para conseguir. Allí, piensa él, en algún lugar, está la clave para ganar el juicio, pero no cuenta con tiempo suficiente. Es humanamente imposible lograrlo sin ayuda.
Y volvió a aparecer Jorge Bar Levy, ahora atribuyéndose el cierre de la campaña de GoFundMe. Este señor, que afirma ser Rabino, cuenta en su canal de YouTube, «que trabaja para la DEA desde 1997», si bien, dice, «nunca se le ha pedido infiltre el equipo de Juan Orlando Hernández».
Ha señalado -sin pruebas- que el abogado Ric Soto, sobrino de la Presidenta Xiomara Castro, es un narcotraficante y arrancó una campaña en redes sociales afirmando que la DEA tenía «ya preparada una orden de extradición contra Soto», cosa que no ocurrió, si bien los medios y comentadores de internet que adversan al gobierno hicieron eco de los señalamientos. Luego enfiló baterías en contra de Ana García, afirmando (también) que existe una orden de extradición en su contra, que ha sido señalada por lavado de activos. No fue muy difícil, para que en el ambiente polarizado de Honduras, las denuncias de Jorge Bar Levy encontraran eco en los opositores y enemigos de los Hernández. Como en su momento las denuncias contra Ric Soto encontraron eco en los opositores de Zelaya. Muchas personas, con alma de justicieros, hicieron eco de la campaña que Bar Levy ahora se atribuye para «bajar» la página de GoFundMe y celebraron cuando esta fue cerrada.
Pero, hay aún un detalle más que me llama la atención. Ese acercamiento que Jorge Bar Levy tuvo en su momento con Salvador Nasralla, corriendo invitaciones a través de la Alianza Republicana de las Américas que dirige. ¿Estafador, mitómano o agente? No queda claro. Lo cierto es que, así como llegó a todos estos personajes hondureños llegó también a la DEA y ahora ha causado un revuelo de enormes proporciones en el juicio de JOH.
El juez Kevin Castell convocó a las partes a una audiencia adicional el 23 de enero para discutir el futuro del juicio, en la que la defensa de Juan Orlando deberá explicar sus preocupaciones sobre la infiltración de la DEA en su defensa. Mientras eso ocurre, Mauricio Hernández Pineda, el tercer imputado, solicitó separar su proceso, argumentando que las declaraciones de Juan Carlos Bonilla, que piensa dar como testigo de su propio caso, podrían perjudicar su derecho a un juicio justo.
