Sobreseimiento definitivo a juez acusado de prevaricato
El juez ejecutor Edgardo Rivera Argueta.
Debido a que no se acreditó el mínimo indicio de la existencia del delito, el togado del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, se decretó sobreseimiento definitivo a favor del juez ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta, quien fue acusado por prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), presentó requerimiento fiscal el pasado 9 de enero en contra de Rivera Argueta.
Según la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conoció del recurso de amparo SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre del 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, a favor del señor José Olivio Rodríguez Vásquez contra actuaciones del MP, relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
La solicitud tenía el propósito de analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en relación a una causa que fue denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en contra de Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Olivio Rodríguez. Este último ostentaba en su momento el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
CON LUGAR
La Sala de lo Constitucional declaró con lugar, el 22 de noviembre del 2018, el amparo presentado por considerar la vulneración de la garantía del debido proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República y la aclaración de sentencia el 5 de febrero del 2020, pero en ningún momento ordenó al Ministerio Público proceda al cierre de la denuncia, como lo ordenó el juez Rivera Argueta a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el 24 de octubre del 2023.
De acuerdo con el criterio fiscal, la actuación del juez Rivera Argueta, al ordenar el cierre del expediente de forma imperativa fue un exceso que extralimitaba las facultades encomendadas a él, en las sentencias relacionadas y que están debidamente descritas en la relación de hechos del requerimiento fiscal recientemente presentado.
Del análisis de la sentencia de amparo y su aclaración se puede establecer, según los fiscales, la sala se refiere a cuestiones de competencia, determinando que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la investigación de los delitos referidos en la investigación del MP.
Asimismo, no seguirse el procedimiento para altos funcionarios del Estado, pero en ningún punto se refiere a que se cierre la denuncia contra los investigados José Olivio Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Ángel Armando Aguiriano Cerrato, entre otros, por haber suscrito un contrato millonario con el que supuestamente se defraudó al Estado de Honduras. (XM)
