Detención judicial para privadas de libertad por masacre en cárcel de mujeres
Más de 20 reclusas de la PNFAS murieron apiladas, calcinadas y presentando disparos en el cuerpo.
Un juez en materia de Criminalidad Organizada y Corrupcións dictó la medida de detención judicial a nueve privadas de libertad por la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La audiencia inicial fue programada para el martes 30 de enero a partir de las 9:00 de la mañana.
El Poder Judicial comunicó que la audiencia inicial se realizará bajo la modalidad virtual en base al artículo 127 del Código Penal
El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra estas mujeres, todas identificadas como integrantes de la pandilla 18 y presuntas responsables de este crimen que conmocionó al país el 20 de junio de 2023.
Las imputadas, Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas actualmente en prisión, enfrentan cargos que incluyen asociación para delinquir, asesinato, asesinato en grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.
Según las investigaciones dirigidas por la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV, en colaboración con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen fue cuidadosamente planeado.
Las acusadas, que estaban ubicadas en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego, objetos punzocortantes y contundentes para someter a las policías penitenciarias, despojándolas de llaves y listados de población penitenciaria.
Posteriormente, las obligaron a ponerse boca abajo y las encerraron en el módulo 6, permitiendo el acceso al resto de la población penitenciaria. Otra fracción de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigió a los módulos 1 al 4, donde se encontraban las mujeres de la mara Salvatrucha (MS-13), resultando en la muerte de 23 reclusas.
Las imputadas deshabilitaron las cámaras de seguridad, rociaron un líquido inflamable e incendiaron el hogar número 1 del módulo 1, provocando la muerte de otras 23 reclusas. Se obtuvieron armas de fuego, incluyendo pistolas de distintos calibres y armas de uso prohibido, desde el exterior del centro penal.
Las autoridades han implementado medidas de seguridad en los juzgados antiextorsión, cerrando un tramo de la calle en el bulevar Los Próceres, generando congestión vehicular en la zona.
