Por: Carolina Alduvín
¡Va porque va! Es más, o menos la frase de consenso entre los personeros del gobierno con respecto a la construcción de una cárcel -supuestamente- de máxima seguridad, en el sitio más improbable del territorio nacional, como lo son las Islas del Cisne en el Caribe hondureño. Organizaciones de la sociedad civil han disertado ante los medios de comunicación, en contra de esta pésima idea que, además de atentar contra un área protegida de primera categoría, declarada como Parque Nacional Marino desde 1990, donde habitan especies únicas en el planeta, dentro de un ecosistema extremadamente frágil y carente de condiciones para sostener poblaciones humanas numerosas -en los últimos 150 años, jamás han vivido más de 30 personas a la vez- y con un importante papel en el desarrollo de las especies de importancia pesquera en Islas de la Bahía y las comunidades costeras del Caribe.
En algún momento del año pasado, por instrucciones de la voz de pitoreta, don Suertudo se puso a promocionar la urgencia de una cárcel en los confines del territorio insular, como si fuera el jefe supremo de la seguridad nacional y no el encargado de la conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales, o el punto focal de convenciones internacionales que resguardan la diversidad biológica del planeta, y que determinan las medidas de mitigación a los efectos del cambio climático. Alegando que, el absurdo proyecto es viable si en base a los estudios correspondientes de evaluación de impacto ambiental, se implementan las medidas de mitigación que recomienden los expertos designados. Resulta que, en el proceso, el Estado es juez y parte; obviamente, solo va a admitir y pagar los documentos que den luz verde a la destrucción, no solo de los ecosistemas sobre la superficie de los cayos, sino también de los arrecifes circundantes que son los criaderos de las especies marinas que sostienen la industria pesquera de las islas en el Caribe y la costa norte de nuestro país.
Dejando a un lado la ecología, es enorme el contrasentido en la relación costo-beneficio de construir en un lugar tan remoto. Aun con costos sobre valorados como las cárceles de Santa Bárbara y La Tolva, levantadas durante el corrupto gobierno anterior, se cotizaron en 1,200 millones cada una, con capacidad para 1,300 internos, para los 2,000 que se pretende albergar en las islas, el costo ya inflado debería andar cerca de 1,850 millones. Eso en un lugar de tierra firme, con acceso por carretera y centros de abastecimiento relativamente cercanos, cifras que al menos se triplican en cualquier isla, especialmente una tan remota. A eso hay que agregar plantas desalinizadoras de agua, porque Cisne mayor depende solo de lluvia para la demanda de agua dulce para sus poblaciones nativas, los humanos deben acarrear lo propio, plantas generadoras de energía, infraestructura portuaria para los cargamentos de materiales, equipo y todo tipo de suministros.
Constructores, custodios, personal administrativo y auxiliar comenzarán a producir desechos que no se ha previsto cómo se van a disponer sin afectar a la flora y fauna nativas, terrestre y marina. Los encargados de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial, se animaron la semana pasada a indagar sobre esa relación costo-beneficio, no sería remoto que nuestra testaruda gobernante y su camarilla, hayan pactado con la institución armada cifras equivalentes a moronas a cambio de, no solo sus funciones constitucionales, sino las de mil usos que les suelen asignar los regímenes autoritarios de siniestra tendencia.
A través del tiempo, las Islas del Cisne, por su estratégica ubicación, han tenido múltiples propósitos: mina de guano al final del siglo XIX, plantación de cocoteros de la United Fruit Co., puesto de cuarentena para ganado bovino del USDA, estación de radio clandestina para la CIA, hasta 1971 en que regresan a la soberanía de Honduras. En 1990, las declaran reserva marina, desde entonces se han venido recuperando y presentan un apreciable grado de conservación. Hoy objeto de enorme controversia en que sociedad civil, colegios profesionales, gente pensante, profesionales y la Academia Nacional de Ciencias, se oponen con argumentos científicos y económicos, más los dictados del sentido común que indican como prioridad salud, educación y seguridad para la población. No, destinan enormes recursos financieros a un monumento a la corrupción ordenado muy probablemente por sus nuevos amos del extremo oriente.
