Requerimientos fiscales a miembros de las FFAA acusados de asesinato
Ya se emitieron las órdenes de captura contra los militares.
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, presentó un requerimiento fiscal con orden de captura, contra dos oficiales de las Fuerzas Armadas y tres miembros de tropa, a quienes se les está acusando por los delitos de asesinato, privación injusta de la libertad, torturas, encubrimiento, falsificación de documentos públicos y falso testimonio en perjuicio de seis ciudadanos, uno de ellos asesinado.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, el teniente coronel del ejército, Carlos Roberto Madrid Nolasco, junto al capitán, Luis Alberto Guillén Suazo (miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas) y los elementos de tropa, Silas Arístides Sánchez Rodríguez, Eder Joel Zelaya Paguada y Franklin Adonay López Gómez, montaron el 21 de febrero del año 2020, un operativo en la zona de Amarateca, como parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), aquí bajaron de un autobús y detuvieron de forma ilegal a Karla Patricia Paz y Mirna Janeth Paz, ya que no tenían una orden judicial.
Seguidamente llevaron a las jóvenes hasta su casa de habitación, en Tegucigalpa, donde se encontraban cuatro ciudadanos más, Carlos Roberto García, Iris Sarahí Sierra, Fernanda Lisbeth Zelaya Paz y Franklin Francisco Díaz, este último torturado y asesinado posteriormente en la zona sur del país.
Al llegar con las detenidas, los oficiales de las Fuerzas Armadas, con su contingente de efectivos ingresaron también armas y drogas al lugar, que luego hicieron creer al juez mediante informes de investigación y declaraciones falsas que pertenecían a los detenidos, sin embargo, el Ministerio Público logró comprobar la falsedad del mismo.
El Ministerio Público de nuevo reitera al pueblo hondureño, que trabaja en la lucha contra todos los delitos penales en cualquiera de sus manifestaciones, sin importar de quiénes se trate o qué institución pertenezcan, por lo que invita a la ciudadanía a denunciar cualquier delito que les afecte.
