Por: Ángela Marieta Sosa*
Gobierno socialista antidemocrático de cristal, es una forma real de identificar y etiquetar a quienes gobiernan actualmente en Honduras, que han reaccionado con intolerancia ante el informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que tuvo a bien presentar la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lo cual, en el marco de la decadente democracia en Honduras, debería verse como una dialéctica necesaria para el fortalecimiento del sistema democrático.
Tres razones que no justifican la reacción intolerante e inmadura del gobierno, 1. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) es agregado, por su diversidad de fuentes para su construcción, es de los más antiguos, publicado desde 1995 por Transparencia Internacional. 2. La metodología de recolección del dato es mediante encuestas de percepción válidas con un margen de error mínimo, sobre una parte esencial de la conciencia civil en América Latina y, por tanto, constituye la realidad como es experimentada por la población meta; 3. No puede ser que los IPC de años anteriores sí eran aplaudidos por las autoridades actuales, pero ahora que ellos están en la bicoca del poder, se molestan y deslegitiman a ASJ como organización aliada de Transparencia Internacional, que presenta a la nación el IPC.
El índice clasifica a los países “por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público”, todo ello determinado por las encuestas de opinión y evaluaciones de expertos. El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado”, y ciertamente ningún país es inmune a la corrupción. El abuso de la función pública para beneficio propio merma la confianza de la población en el gobierno y las instituciones, socava la eficacia y la equidad de las políticas públicas y malversa el dinero de los contribuyentes originalmente destinado a escuelas, carreteras y hospitales.
Aunque los fondos derrochados son importantes, el costo tiene otras dimensiones. La corrupción corroe la capacidad del gobierno para ayudar a hacer crecer la economía de manera que todos los ciudadanos se beneficien.
Honduras posee un sistema estructural corrupto que lejos de desvanecerse, se fortalece como un mal endémico que daña estructuralmente la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía y se puede definir como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global cuyos agentes pertenecen principalmente al sector público. No se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado, la corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, coimas; la malversación y la negligente asignación de fondos y gastos públicos; la subvaluación o la hipervaluación de precios; los escándalos políticos o financieros; el fraude electoral; la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos o la infiltración de agentes para obtener información y beneficios concomitantes; el tráfico de influencias y otras transgresiones; el financiamiento ilegal de partidos políticos; el uso de la fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales; las sentencias parcializadas de los jueces; favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad. Y este amplio catálogo delictivo sobre la corrupción y sus diferentes manifestaciones, es parte de la historia hondureña, en donde se ve enraizada esa praxis, casi de una forma cultural.
El actual gobierno contrario a reaccionar como lo ha hecho, debería de atender este índice en el marco de un llamado a fortalecer el sistema punitivo y los organismos de control sobre la administración pública, así mismo en todo caso si se quisiera refutar el resultado del IPC, se debe hacer con datos nacionales, que no se poseen porque el país no cuenta con una data robusta que permita observar el comportamiento administrativo de los funcionarios públicos.
En ese sentido la voluntad política, debe enfocarse en crear instituciones sólidas y transparentes o fortalecer realmente las existentes, para que puedan hacer que la corrupción pierda terreno, asimismo se debe invertir en elevados niveles de transparencia y vigilancia externa independiente para que los organismos de auditoría y el público en general puedan realizar una supervisión eficaz. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Paraguay están usando una plataforma digital que le permite a la ciudadanía monitorear el avance físico y financiero de proyectos de inversión. Noruega ha creado una estricta norma de transparencia para administrar los recursos naturales; lo cual nos demuestra que en política apreciados lectores, “Querer es poder”.
*Magíster en Derechos Humanos
