Por: Rodolfo Dumas Castillo
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional emerge como un faro ineludible, alumbrando los desafíos que enfrenta Honduras en su lucha contra la corrupción. La reciente publicación nos alerta sobre una realidad inquietante que exige acciones estratégicas y una mirada crítica hacia la implementación de prácticas que fortalezcan la integridad. En este escenario, la cultura de legalidad adquiere un papel crucial para promover marcos regulatorios, de transparencia y éticos que promuevan un entorno hostil para la violación de la ley de parte de actores públicos y privados.
La reacción del gobierno al IPC ha sido la típica de quien se siente agredido por la cruda realidad y de quienes no entienden que dicho informe está compuesto por diferentes aspectos, fuentes y métricas que permiten llegar a una conclusión que es contrastada con periodos anteriores. No solo mide el comportamiento público, pues se entiende que para que exista corrupción siempre habrá dos partes, por lo que el estudio también analiza componentes normativos, estructurales, empresariales, procesales y sociales, entre muchos otros.
La impunidad en Honduras es alimentada por la ausencia de consecuencias palpables en casos de corrupción, genera una desconfianza generalizada en las instituciones y debilita la esencia misma del sistema democrático. En este contexto, el compliance, como herramienta de autorregulación, se presenta como un instrumento invaluable para establecer estándares éticos y prevenir comportamientos indebidos. Enfrentar estos desafíos exige un enfoque multifacético y el entendimiento que jamás se pueda erradicar la corrupción, pero ciertamente se pueden establecer programas de gestión que la prevengan y que sean eficaces para evitar reincidencias.
En primer lugar, se deben fortalecer de las instituciones anticorrupción, especialmente las fiscalías y juzgados especializados en esa materia. La llegada de la Cicih, para lo cual ya resultan absurdos tantos pretextos, también es fundamental. La autonomía y los recursos adecuados les permitirán llevar a cabo investigaciones independientes y efectivas. Las reformas judiciales deben ir acompañadas de una mirada hacia la implementación de sistemas de compliance en el ámbito judicial. Estos sistemas garantizan la adhesión a normas éticas y legales, promoviendo así la independencia y la eficacia del sistema judicial.
La implementación de medidas anticorrupción, desde auditorías regulares hasta códigos de ética, debe ir acompañada de programas de compliance que aseguren su adhesión y efectividad. La colaboración internacional, en este contexto, puede proporcionar mejores prácticas y estándares globales para fortalecer la implementación del compliance. No es extemporáneo comentar que aún está pendiente la aprobación del Entah por el Consejo de Ministros.
En otras naciones de nuestra región la situación de la corrupción es similar, es decir, sigue avanzando a medida que se deterioran las condiciones democráticas. Vemos como en México, el presidente López Obrador busca debilitar instituciones independientes anticorrupción y de monitoreo electoral. En lugar de investigar las acusaciones de corrupción contra sus familiares y colaboradores, López Obrador opta por desacreditar y estigmatizar a la prensa. Mientras que en El Salvador Nayib Bukele logró resolver la criminalidad, pero a un elevadísimo costo para la legitimidad democrática y, eventualmente, incrementando las posibilidades de abusos.
Para realmente combatir la corrupción los países necesitan instituciones fuertes. Por ello no es sorpresa que los países mejor evaluados en el IPC son democracias funcionales, mientras que los más corruptos son estados con regímenes autoritarios y débil institucionalidad. No se trata de un tema de ubicación geográfica o de ideologías, la corrupción se combate con Estado de derecho e instituciones sólidas. Nuestra región es prueba fidedigna de que los países con inseguridad jurídica y pobres equilibrios democráticos tienden a ser más corruptos.
Honduras se encuentra en un momento importante para redefinir su posición en el IPC. El papel del compliance no solo radica en el sector empresarial, sino que se erige como un aliado estratégico en la lucha contra la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Integrar programas de compliance no solo fortalecerá las instituciones, sino que también sentará las bases para una cultura de integridad que, en última instancia, transformará la percepción del país en el índice y construirá un futuro basado en la transparencia y la responsabilidad.
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