CNA presenta tercer su informe “Mecanismo de Incidencia Ciudadana”
El Congreso Nacional pagó a sus diputados más de 508 millones en salarios por 42 sesiones del período y 139 millones en viáticos, denunció, ayer el Consejo Nacional Anticorrupción.
En el tercer informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), «Del Congreso que votamos, al Congreso que tenemos. Una radiografía a la gestión parlamentaria 2023», el CNA revela la baja productividad y la ineficiencia con la que se manejó ese poder del Estado.
Las erogaciones financieras demuestran que, pese a las parálisis legislativas, las y los diputados recibieron su salario mensual sin ningún inconveniente, agrega la entidad gubernamental.
Según los datos obtenidos por el CNA, de enero a octubre de 2023, en el pago de sueldos y salarios se destinaron más de 508 millones de lempiras. En pasajes viáticos y otros gastos de viajes, se erogaron más de 139 millones de lempiras.
Aunque no hay un informe de rendición de cuentas sobre las subvenciones, aclara, mensualmente se ejecutaron de 13 a 15 millones de lempiras, más de 112 millones en 10 meses del 2023.
La veeduría también evidencia que se incumple lo establecido en el marco regulatorio del Congreso Nacional, en lo relacionado a la convocatoria de sesiones, señala el CNA.
En la pasada legislatura, explica, se contabilizaron 42 sesiones, de 104 convocatorias posibles en el período ordinario. Durante 62 días no se reunió el pleno para legislar en temas relevantes como las elecciones de segundo grado.
Sin embargo, cuando se reunían desperdiciaron 117 horas con 26 minutos, entre la convocatoria y el inicio de las sesiones, sostiene.
Sin duda, insiste, el Congreso nos queda a deber considerando que manejó 1,448 millones de lempiras de presupuesto y tiene la responsabilidad de legislar para el bien de todos.
Al comentar el documento, la directora del CNA, Gabriel Castellanos, recalcó que se trata de un Congreso inoperante, corrupto y burdo e instó a los diputados a ponerse a trabajar.
Agregó que elevarán el informe a la Fiscalía como insumo a una posible investigación por malversación caudales públicos. (EG)
