Rafael Delgado
El reciente Informe de Transparencia Internacional que ubica a Honduras en un nivel muy bajo en la lucha contra la corrupción nuevamente agita las aguas en el país. Según este informe del organismo internacional, Honduras se ubica en el puesto 154 de 180 países que se analizaron. El proceso de deterioro ha sido continuo desde el año 2015, al igual que lo que se observa en Guatemala que ahora comparte el mismo lugar con Honduras. Según el informe ambos países obtienen un índice de 23 frente al 100 que es la máxima calificación posible.
Esto no agrada a nadie en el país. Pero tampoco sorprende a un hondureño medianamente informado del acontecer nacional que al igual que los expertos y organismos internacionales consultados para elaborar el índice de percepción de corrupción, perciben la situación de la corrupción pública como un problema grave y permanente. Las manifestaciones de la corrupción que el Informe de Transparencia Internacional capta, son precisamente de las que todos los hondureños se quejan a diario.
Se trata entre otras cosas de los sobornos en sus múltiples variantes que se acostumbran a exigir y ofrecer en las operaciones con el sector público; el desvío de fondos públicos desde los más sutiles hasta los más descarados métodos incorporados en el Presupuesto General de la República; el uso de las funciones públicas para fines privados sin que exista algún castigo; la captura de las instituciones públicas y sus recursos por parte de sectores privados o políticos que los utilizan para sus fines; el nepotismo en la contratación del personal en las instituciones públicas que privilegia el parentesco y la lealtad a la cúpula partidista en detrimento de la capacidad y la honestidad.
La percepción intensa que existe sobre la corrupción es el costo que ahora tiene que pagar el país frente a las omisiones de muchos años y de los últimos dos años relacionadas con todo lo anterior. Particularmente el año pasado estuvo cubierto de diversas situaciones que enrarecieron el ambiente y que son atribuibles a la clase política, pero al gobierno en particular. El proceso de elección de la actual Corte Suprema de Justicia, que se desarrolló sin muchos atrasos, pese a un marco normativo mejorado, no hizo desaparecer entre los observadores un mal sabor sobre el reparto matemático de la misma entre las principales cúpulas políticas. El año 2023 cerró sus últimos meses con la parálisis del Congreso Nacional provocada por la incapacidad de generar consensos enmarcados en ley y en un proceso democrático para elegir por mayoría calificada al Fiscal General y al Fiscal Adjunto. Claramente ambos procesos marcaron el sentimiento general sobre lo mucho que aún las agendas particulares han capturado la institucionalidad pública.
El largo y tortuoso proceso de firma del convenio para la integración de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción en Honduras (Cicih) se estrelló durante el año 2023 contra las altas expectativas generadas por el mismo partido gobernante sobre su operación. La gente esperó la Cicih en el año 2023 y defraudó que no hubiera ningún avance sustancial. Los argumentos no convencieron y más pareció que el proyecto ya no resulta atractivo para la generalidad de los políticos que ven en esa misión un peligro para todos ellos. La parálisis del proyecto afectó sustancialmente la percepción sobre el país.
Desde un principio aparte de la cúpula del partido gobernante nadie vio con buenos ojos la amnistía que se convirtió en un pacto de la impunidad; tampoco contribuyó a confiar en el país la práctica liderada por Xiomara Castro y “Mel” Zelaya de enchambar a los parientes en posiciones claves de la administración pública que ha sido seguida por otros líderes del mismo partido. El fatal nepotismo que le genera altísimos costos monetarios y profundo debilitamiento institucional al país se convirtió en práctica aceptada y fomentada desde lo más alto del aparato estatal.
Estos son los problemas de corrupción institucionalizada y generalizada que hay que frenar y que están en manos del partido gobernante hacerlo, pero lamentablemente han tomado deliberadamente, por decisión propia, el rumbo opuesto; ahora cosechan los frutos de sus propios errores en detrimento de todo un país.
