El Salvador acepta responsabilidad ante CorteIDH por falta de investigación de un atentado
Las partes además solicitaron que la CorteIDH emita sentencia sobre los derechos vulnerados.
El Estado de El Salvador aceptó este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la falta de debida diligencia en la investigación penal de un atentado en 1993 que le provocó graves lesiones al funcionario judicial Miguel Ángel Aguirre Magaña.
“Ambas partes hemos acordado suscribir un acuerdo con cláusulas para el beneficiado Aguirre y dar por finalizado el trámite ante la Corte”, afirmó en una audiencia ante la CorteIDH la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Gloria Martínez.
Este caso ha representado “una alarga búsqueda de justicia por parte del señor Miguel Ángel Aguirre Magaña quien no se ha quedado satisfecho con la justicia en el ámbito nacional, pero seguramente también existe poca satisfacción de la Justicia interamericana”, dijo Martínez.
Ello, explicó, porque “desde la presentación inicial del caso ante la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) en el 2005 han transcurrido 18 años. Esta comparación no busca desconocer que existe una obligación de toda autoridad judicial de proveer una pronta justicia en un proceso interno”, explicó Martínez.
El caso se remonta al 13 de noviembre de 1993 cuando Aguirre, quien se desempeñaba como funcionario judicial, se desplazó en un vehículo junto con el juez de Paz de Villa de Apaneca y el secretario judicial para realizar una diligencia en Villa Concepción de Ataco. Durante el trayecto se produjo una explosión de un artefacto dentro del vehículo.
Según el testimonio de Aguirre, luego de la explosión el juez se bajó del vehículo con una escopeta e indicó que “eran víctimas de un atentado” y la otra persona salió corriendo a dar parte a la policía. Aguirre denunció ante las autoridades judiciales que la explosión fue producto de la detonación de una granada que tenía el juez en su poder.
Producto de dicha explosión, Aguirre sufrió graves lesiones en su pierna derecha, que posteriormente le tuvo que ser amputada; además de múltiples lesiones en la pierna izquierda y brazo derecho; y pérdida de la audición del oído derecho y lesiones en el oído izquierdo.
“Estuve 10 días en el hospital y me dieron seis meses de incapacidad, logré sobreponerme a esa situación, pero luego se viene otro problema, el enfrentamiento con el sistema judicial salvadoreño porque empezaron una serie de irregularidades y situaciones anómalas. Me sentí despojado de todo de la justicia y los 11 años que duró el proceso fue terrible, pudo más la corrupción que la justicia y el derecho”, dijo Aguirre a los jueces de la CorteIDH.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentada ante la CorteIDH indica que el Estado de El Salvador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, debido a una serie de omisiones e irregularidades en la investigación penal y en el esclarecimiento de los hechos.
Tras la declaración de la presunta víctima el Estado de El Salvador indicó que han buscado una solución amistosa para resolver el litigio que incluye cláusulas como pago de una indemnización, medidas de reparación, brindar atención en salud, así como capacitaciones sobre temas de derecho internacional. EFE
