Hay 1,299 personas encarceladas que aparentemente no tienen defensor
En la reunión se abordó también sobre la elaboración de un perfil de proyecto de interconectividad de datos entre el PJ y el INP.
Integrantes de la Mesa Técnica de Desinternamiento para Personas Privadas de Libertad se reunieron con los representantes de las distintas instituciones vinculadas al tema, a fin de establecer líneas de coordinación y comunicación para mejorar los procesos de trabajo entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) por medio de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario.
“Estamos revisando acuerdos previos que se han tomado, entre ellos la identificación de personas privadas de libertad que no tienen defensor, ya que según el informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario hay 1,299 personas encarceladas que aparentemente no tienen defensor y que se les dará seguimiento para coadyuvar su situación jurídica”, manifestó la abogada Julissa Aguilar, Magistrada de la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Continuó que se acordó en la mesa técnica, la elaboración de un perfil de proyecto para lograr la interconectividad de datos entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y un proyecto para establecer un mecanismo idóneo de envío de documentos al INP en la ciudad de Tegucigalpa.
Al mismo tiempo, destacó que se han realizado 210 audiencias virtuales desde agosto del año 2023 a la fecha y con la implementación de estas audiencias, el Poder Judicial ha logrado el ahorro de más de nueve millones de lempiras.
El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario y comandante general de la Policía Militar del Orden Público, coronel de infantería Ramiro Muñoz Bonilla expresó que en la reunión estuvieron presentes por el Poder Judicial, Mario Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y las abogadas Julissa Aguilar, magistrada de la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción y Fanny Salinas, directora nacional de la Defensa Pública, Sandra Barahona, directora nacional de los Juzgados de Ejecución y Norma Casco, jefe de la Unidad de Antecedentes Penales.
También asistieron los representantes del Instituto Nacional Penitenciario, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), del Mecanismo Nacional de Prevención Honduras (CONAPREV), de la Auditoría Penitenciaria y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (XM)
