Rafael Delgado Elvir
En los últimos años se ha escrito y discutido muchísimo acerca de la corrupción y el narcotráfico en Honduras. Más que hace un par de décadas esto ha ocupado amplios espacios de la discusión diaria del país. Esto ha tenido sus razones muy fundamentadas. Las manifestaciones de la crisis de los últimos períodos presidenciales han constituido no solamente un desvío ilícito de recursos, sino que han envuelto al país en un remolino de violencia, muerte, ingobernabilidad y debilitamiento de las instituciones privadas y públicas. El daño es notorio en todo el país y las consecuencias de los delitos de los políticos, expresidentes, policías y militares para mencionar algunas posiciones, las han sufrido los hondureños en general.
Los que han ejercido funciones públicas, los que han tenido puestos de liderazgo en las instituciones y han sido acusados, señalados o condenados por lo anterior, han cometido graves acciones contra toda la ciudadanía. En primer lugar, han engañado vilmente a los ciudadanos que seguramente creyendo en sus supuestas virtudes los han elevado a las más altas posiciones de la política y del Estado, no en una sino en varias ocasiones. La democracia electorera que tenemos lo ha permitido. Lo peor es que estas personas y los mecanismos que ellos mismos crearon y pusieron en funcionamiento siguen allí intocables. Además, es grave ya que han debilitado con sus acciones al país y envilecido a los que dirigen las instituciones políticas que ahora no funcionan para lo que están destinadas legalmente a hacer.
Por ello, hoy en día en muchos ámbitos de la vida del país, la palabra política ha perdido su significado. Los que actúan en nombre de la política, enredados en un pasado y en un presente de la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico, están seriamente condicionados; sus acciones y sus propósitos se ejecutan para obtener impunidad; ni siquiera son ya objetivos de los partidos los que se articulan en sus acciones. Son simplemente acciones motivadas para ejercer autoridad y poder en su beneficio que garantice, pese a todo lo que se sepa, no ser enjuiciados.
El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, el del exjefe de la policía es parte de ese panorama sombrío que surgió alrededor de las campañas políticas amañadas, el dinero y los negocios sucios y que sigue agitándose vivamente en el agua sucia, como larvas que pronto también llegarán a la adultez a repetir un ciclo más de vida. Quien está en el banquillo de los acusados es toda la institucionalidad política del país que permitió que el crimen avanzara hasta doblegar al país. Claramente, con esto queda evidencia, que las puertas de la institucionalidad hondureña estuvieron abiertas para el crimen y el delito; que todo lo que está escrito en las más importantes leyes del país, así como en la normativa de la institucionalidad se ha quedado nada más en un discurso hueco y sin trascendencia real.
Pese a todo lo que se ha dicho al respecto, ninguna institución importante del país tanto del sector público como privada ha tomado esto con la debida importancia que merece. Es lógico, las instituciones siguen controladas. Los partidos políticos del país, envueltos algunos de sus líderes en deplorables casos, no han llegado a hacer ni una rigurosa reflexión al respecto, mucho menos han empezado algo parecido a una renovación en sus prácticas, ni en su dirigencia. Son escandalosos los ejemplos que se pueden mencionar de personas señaladas, procesadas y condenadas que se esconden detrás del escudo en que han convertido a las organizaciones políticas del país.
Claramente que el país no ha iniciado el camino para reconstruir sus instituciones y ello es fatal. Aquí solamente queda que la ciudadanía y sus organizaciones se levanten exigiendo cambios auténticos en la política y en los negocios del país; que se siga exigiendo darle el contenido auténtico a la política y que cualquier acto reñido con los valores de la democracia que supuestamente profesamos, tenga sus consecuencias para la criminalidad que todavía goza de protección frente a la justicia, de acceso preferencial a las instituciones que le tendrían que dar vida a la democracia en nuestro país.
