– Este juicio es diferente a los otros procesos de narcopolíticos hondureños
– Luego sabremos quién ganó en las negociaciones con los narcotraficantes confesos
– Información clasificada: lo único que puede darle un giro a la narrativa de Hernández
– ¿Y los dos aviones con coca con agentes infiltrados de la DEA derribados en La Mosquitia?
Óscar Estrada
(Especial para LA TRIBUNA)
NUEVA YORK. Esta semana debía iniciar el juicio contra Juan Orlando Hernández, luego de varios cambios en la fecha, el último ocurrido el 23 de enero, cuando se movió del 5 al 12 de febrero. Debía decidirse las condiciones cómo se elegiría al jurado, pensando en su seguridad y el problema que implica la extensa cobertura mediática que ha llegado desde Honduras y, las decenas de curiosos que se apersonaron para presenciar “el juicio del siglo”. Pero nada de eso está ocurriendo, frente a la sala el Marshall salió a decirnos a los asistentes, que la audiencia se cancelaba y, luego se supo todo pasaba para la otra semana, arrancando, ahora sí, el 20 de febrero. Pero ¿qué está pasando en el caso de JOH?
Desde un inicio Juan Orlando Hernández centró toda su estrategia en la información clasificada de las agencias de inteligencia. Hubo varios conatos de bloqueo por parte del fiscal, que buscaba ir al juicio lo antes posible. Para ellos, lo más rápido es mejor. Ha habido mucha presión para que se declare culpable, una guerra ganada sin pelear es la mejor victoria. Pero JOH dijo que no, centró sus esfuerzos en los documentos, hasta que finalmente estos llegaron y, eso es lo que nos tiene en esta pausa.
Es un error pensar que este juicio es igual a los otros procesos de narcopolítica que hemos conocido de hondureños en Estados Unidos, pareciera igual, pero no lo es. Cuando la fiscalía afirma que tiene pruebas “contundentes” contra Juan Orlando y que esas pruebas son suficiente para garantizarle una condena, tienen razón. Serían suficiente para garantizar una condena a cualquiera. Tanta fue su confianza que aceptaron juntar tres casos, muy distintos en esencia, en uno solo, para “ahorrarle tiempo y dinero al sistema de justicia”, cuando los casos eran radicalmente distintos. Uno era a un operativo menor, un policía corrupto que usó (o fue usado por) sus contactos políticos a alto nivel, para colocarse en la línea de un lucrativo negocio; el otro a un alto jerarca policial, malquerido y temido, útil sí, para los intereses más oscuros de las élites, que navegó su vida entre sombras; y el tercero, que es del que estamos hablando. Tarde comprendieron los fiscales que tener los tres casos juntos les complicaba el juicio y actuaron lo mejor que pudieron para enmendar, “negociando” con los imputados una sustancial reducción de sus penas para “sacarlos de escena”. Hay quienes aseguran todavía que podrían ser usados como testigos contra JOH y no puedo negar ese extremo, si es así el tiempo nos lo dirá. Dentro de 90 días conoceremos los acuerdos con los, ahora narcotraficantes confesos y podremos saber quién ganó con la negociación. Lo que sí está claro es que la fiscalía cambió su estrategia original de embarrar a todos en los pecados de cada uno, para centrarse en el principal problema que tienen ahora: JOH.
Como dije al inicio de esta nota, la fiscalía trató este caso desde el principio como se han venido tratando los cientos de casos de narcotraficantes y las decenas de casos de narcopolíticos juzgados y condenados en Estados Unidos. Si ha funcionado tantas veces no hay razón para pensar que no funcionaría ahora. Y por eso, a diferencia de Genaro García Luna, JOH no se centró en el fácil argumento de “son narcotraficantes confesos, criminales en los que no se puede confiar, que están actuando por venganza”. Él apuntó a lo único que puede darle un giro a su narrativa y que los fiscales desconocían: la información clasificada.
Los fiscales que están llevando este caso son jóvenes talentosos, muy profesionales y serios, que están poniendo el mejor esfuerzo en llevar una causa en la que además creen vehementemente. Han iniciado con pie derecho sus carreras y esperan esta sea un escalón más en su ascenso a la cúspide. El cargo de Fiscal General en Estados Unidos es electo, y los que aspiran tienen siempre una brillante carrera que los soporta. Pero tienen limitantes que JOH no tuvo en su -aparentemente- finalizada carrera.
¿Qué es lo que está pidiendo JOH que ellos no conocen? El reporte de esas reuniones con las agencias de inteligencia: Departamento de Estado, Comando Sur, CIA, DHLS y otras. Informes internos sobre operaciones en las cuales JOH colaboró con ellos, de reuniones con altos personajes de la vida política de Estados Unidos, que van desde embajadores, secretarios de estados, generales, directores de agencia hasta presidentes y vicepresidentes. Los fiscales no tienen forma de saber qué se habló en esas reuniones porque, hasta hoy, esa información estaba (y sigue estando para nosotros) clasificada. ¿Quién puede saber lo que allí se dijo? Juan Orlando Hernández, porque él estuvo allí.
El reto entonces es saber qué hacer con esa información, cómo exponerla en un juicio que tendrá mucha cobertura, sin exponer las operaciones aún vigentes en Centroamérica. Por eso están obligados, ahora que conocen esa información, a cambiar su estrategia. Porque, ¿qué tendrá más impacto en el jurado: el testimonio de 10 narcotraficantes que cuenten un relato más o menos parecido, donde JOH es la mente maestra del narcotráfico en Honduras, versus el reporte de inteligencia que indique, ¿cómo para atacar a los carteles, la DEA colaboraba con los Cachiros (como lo hizo en su momento con el cartel de Cali contra el cartel de Medellín o Sinaloa contra los Zetas)? O cuando surja el reporte, que explique el rumor (que mucho en este caso se centra en rumores) de (por lo menos) dos aviones con coca que el gobierno de Juan Orlando derribó en La Mosquitia, ¿donde venían “agentes infiltrados” de la DEA? Esta información obliga a los fiscales a cambiar la narrativa y buscar una negociación con la defensa. Eso está pasando.
