Analizan claves para proteger a las víctimas desplazadas por la violencia

Sin datos no se puede proteger a las víctimas de desplazamiento humano por la violencia concluyeron las organizaciones al analizar la la Ley de Desplazamiento a cargo de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (CIPPDEF), que requiere de reglamento y que aún no se pone en práctica.

Con el propósito de contribuir a la reglamentación de la Ley de Desplazamiento a cargo de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (CIPPDEF), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en colaboración con el Movimiento Estudiantil VOS y la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, desarrollaron el Congreso Jurídico: “Reflexiones para la implementación de la Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente”.

Durante el espacio diferentes ponentes y conferencistas representantes del gobierno, la academia, la sociedad civil y expertos nacionales e internacionales analizaron los retos que supone la implementación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno en Honduras.

Se destacó que la ley es clave para la protección de los derechos de las personas que se ven forzadas a huir de sus hogares, como consecuencia de la violencia, generando mecanismos decoordinación interinstitucional y de atención directa para quienes necesitan protección.

Para proteger a las personas es necesario fomentar la generación de datos para caracterizar los impactos del desplazamiento y sus causas; establecer mecanismos de participación y consulta a las personas desplazadas internas para responder adecuadamente a sus necesidades e intereses; y, desarrollar mecanismos para proteger derechos vulnerados con el desplazamiento como el trabajo, la protección de la propiedad y el acceso a la justicia, fueron algunas de las recomendaciones a la CIPPDEF.

“Un fenómeno tan complejo requiere de una atención integral centrado en la protección de las víctimas. Para lograrlo, la Ley de desplazamiento propone una serie de mecanismos, programas y políticas tendientes a su prevención, mediante el manejo integral de sus causas, como la extorsión, el despojo de la vivienda y propiedad, la violencia de género y el reclutamiento forzado”, expresó Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras.

Jorge Arturo Reina, director de Transparencia de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Honduras, manifestó que “es necesario comprender a fondo los impactos del desplazamiento forzado y agilizar la articulación entre las instituciones para mejorar la respuesta a las personas desplazadas”.

Durante los espacios de discusión, se destacó el rol crucial que tienen las comunidades y las personas desplazadas para la construcción de soluciones. Esteban Ramos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) destacó que “no se puede limitarla participación a la consulta” resaltando la necesidad de la construcción de espacios para reflexionar sobre los problemas que impactan a las comunidades y las soluciones.

Julissa Villanueva, viceministra de Prevención en la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, expuso que dentro de los retos en materia de prevención de violencias “la investigación del delito defectuosa genera impunidad” derivando en nuevos desplazamientos forzados.

Finalmente, Luis Zavala, director interino de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos, reconoció la importancia de tener recursos y capacidad para implementar la ley. “Celebramos la asignación de presupuesto de implementación de la Ley, para asegurar que se respeten todos los derechos de las personas desplazadas”, añadió Zavala.

El Congreso contribuyó con la discusión necesaria para encontrar de manera conjunta soluciones al desplazamiento forzado por violencia y aportes para la generación de políticas públicas que permitan a las personas que han huido de sus hogares a reestablecer sus vidas de manera digna.