Por: Óscar Lanza Rosales
La sociedad hondureña, a través de la sociedad civil organizada en la Junta Nominadora, ha trabajado arduamente para establecer una Corte Suprema de Justicia (CSJ) imparcial, independiente y profesional. Sin embargo, al iniciar el segundo año de gestión el pasado 17 de febrero, nos enfrentamos nuevamente a la politización del Poder Judicial (PJ) bajo la presidencia de la abogada Rebeca Ráquel Obando, quien ha desconocido las reformas aprobadas por el pleno de la CSJ en relación con la rotación anual de la presidencia y coordinación de las salas.
En esa fecha, de acuerdo al Reglamento Interno de la CSJ, en el primer pleno de dicho organismo se designó a la actual presidenta. Sin embargo, en la segunda sesión de ese mismo día, se tomó la decisión de distribuir a los 14 magistrados restantes en las cuatro salas (cinco en la Sala Constitucional y tres en las demás salas: Civil, Laboral-Contencioso Administrativo y Penal). Estos magistrados fueron numerados conforme al artículo 5 de dicho reglamento, asignando del uno al cinco en la Sala Constitucional y de uno a tres en las demás salas. Esta numeración indicaba la forma en que se llevaría a cabo la rotación anual de la presidencia y coordinación en los años subsiguientes, a base del principio de precedencia, del artículo ya mencionado. Además, se tomó la resolución, que cualquier modificación a esta decisión sólo sería posible con el respaldo de las tres cuartas partes del pleno de magistrados.
La decisión unilateral de la presidenta cumplió con lo acordado en las salas Penal y Laboral-Contencioso Administrativo, pero no así en la Sala Constitucional ni en la Civil. En el caso de la Constitucional, asigna la presidencia a Wagner Vallecillo (afín al PL) que le correspondía hasta en 2025, y relega a Luis Fernando Padilla (afín al PN) que le correspondía ahora, y lo relega hasta el 2025, a pesar que él ya había ocupado esta posición en las ausencias de la presidenta anterior de esta sala.
Con las decisiones de la presidenta Ráquel Obando, mediante oficio PCSJ No. 62-2024, está violando los artículos 5 y 16 del Reglamento Interno de la CSJ, y artículos 315 y 321 constitucionales, consignando este último, que “Los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
La Sala Constitucional cobra particular relevancia actualmente -y en la que su presidente establece la agenda- porque se insinúa que los cambios obedecen a la resolución de varios recursos y amparos presentados a esta sala, incluyendo nombramientos interinos por parte del Congreso Nacional y posibles cambios derivados del próximo proceso electoral y las transformaciones en el papel constitucional de las Fuerzas Armadas. Confiando más el partido de gobierno para estas embarazosas resoluciones, en la presidencia de esta sala, del liberal Vallecillo que del nacionalista Padilla.
Top of FormAunque en el primer año no se evidenció interferencia directa de la presidenta en las salas durante este periodo, se ha dedicado a destituir jueces sin seguir los procedimientos establecidos, sustituyéndolos exclusivamente por profesionales afines a Libre. Estas remociones, ofreciendo cubrir sus prestaciones, han vulnerado el principio de inmovilidad, confirmando el dicho popular que sostiene que “en la casa de la justicia no hay justicia”.
Top of FormHistóricamente, en el ámbito judicial, se solía reclutar personal a través de concursos abiertos y públicos, con la participación de comités conformados por representantes de la Sociedad Civil, la Asociación de Jueces y Magistrados (AJM), y otros funcionarios. Lamentablemente, esta práctica ha sido descontinuada.
Durante la gestión de la presidenta Ráquel, se han registrado diversas irregularidades, entre las cuales destaca el caso de la jefa de personal, Karla Escalante Alegría, sobrina del dirigente de Libre, Rafael Alegría, que ha iniciado una campaña por todo el país para la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, financiada con viáticos provenientes del PJ, con el acompañamiento de la abogada Dessiré Flores, que va en su planilla y es hija de la magistrada Marlina Dubón.
Top of FormEn conclusión, la gestión de Ráquel Obando carece de transparencia y evidencia la persecución de intereses oscuros vinculados al partido de gobierno. En un comunicado, el Partido Liberal ha pedido respetar la precedencia e invita a la CSJ, a que se convoque de inmediato al pleno de magistrados, para que se tomen las decisiones correctas, conforme a la ley. Estas irregularidades plantean serias inquietudes sobre la integridad y el funcionamiento del Poder Judicial, que debería ser un ejemplo para los demás poderes del estado.
