Se acrecienta pugilato entre presidente Arévalo y la fiscal

CIUDAD DE GUATEMALA (EFE). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, enfrenta críticas y presión ante la obligada convivencia con la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de intentar frenar su investidura en 2023 y esta semana activó una primera acción legal para intentar apartarla de su puesto frente al Ministerio Público (Fiscalía).

“Es una persona (Consuelo Porras) que está proscrita internacionalmente por 30 países, entre ellos nuestros principales socios estratégicos y países con un Estado de Derecho fuerte. El pueblo de Guatemala ha manifestado abiertamente que es una persona que debe renunciar”, afirmó Arévalo de León este viernes en un programa radial de Guatemala.

Porras, señalada de utilizar la Fiscalía para intentar anular la victoria electoral de Arévalo de León en 2023, ha indicado que no atenderá a las peticiones del presidente y de la población que piden su renuncia. Además, entre 2021 y enero pasado fue sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con prohibición para ingresar a sus territorios por sus acciones consideradas antidemocráticas.

Ante ese escenario, las primeras seis semanas de mandato de Arévalo de León han sido marcadas por un constante pulso político ante una fiscal general que se negó en dos ocasiones a atender reuniones con el presidente y la continuidad de procesos penales en contra de su partido político y algunos militantes.

Esta semana, las críticas contra el presidente aumentaron cuando su secretario general, Juan Gerardo Guerrero, respondió a un medio local que esperaba que Porras “ajuste su política en favor de los guatemaltecos” y que no había tiempo para “peleas”.

De acuerdo con analistas, esa postura del gobierno generó rechazo de la población general porque existe una demanda popular sobre priorizar la recuperación de la institucionalidad de la justicia.