Déjame que te cuente…
Por: José María Leiva Leiva
Un globo sonda, se define como una noticia-experimento que sirve para conocer la opinión general de la población acerca de una posible noticia real, y que la información así obtenida sirva de orientación sobre cómo proceder. En el lenguaje coloquial, “enviar un globo sonda equivale a reconocer que hemos lanzado al aire un señuelo con ánimo de que la respuesta, cualquiera que esta sea, nos permita conocer la realidad de algo que nos interesa… Es decir, se trata de un bulo o noticia tendenciosa que emite el gobierno, una empresa o cualquier fuente -normalmente con considerable poder- para averiguar si una nueva medida, que suele ser bastante polémica, o un nuevo producto tendría éxito”.
En política, el globo sonda, que se lleva a cabo con la colaboración de uno o varios medios informativos, puede resultar útil para observar reacciones, descartar estrategias o entretener al rival a fin de que se centre en esos supuestos objetivos cuando en realidad lo que se pretende hacer es otra cosa. En Honduras, uno quisiera creer que cuando algunos políticos oficialistas hablan de crear una ley que regule los procesos judiciales en el tema vinculado con la extradición de hondureños, especialmente a Estados Unidos, no deba entenderse como un obstáculo para entorpecer o eliminar que se sigan dando estos procesos, y proteger así a quienes aparezcan señalados con la comisión de delitos que comprende la reforma del artículo 102 de la Constitución de la República. Extradición regulada por un auto acordado que creó la Corte Suprema de Justicia, y que ha cumplido hasta ahora con los fines encomendados.
Y cuando se habla de crimen organizado y de narcotráfico, no debe olvidarse que, si bien es cierto, los delitos pasan o se originan en el país, al final el destino de la droga es el masivo mercado de consumo en los Estados Unidos. De aquí, la necesidad de éstos por la extradición. Y lo mismo ocurre cuando se operan transacciones ilícitas o se lava dinero en bancos extranjeros que tengan intereses o capital norteamericano. También es cierto, que resulta una cachetada para la justicia hondureña que sean los tribunales foráneos los que juzguen y condenen a los nacionales de estos países, por ende, lo correcto sería que aquí se llevaran a cabo estos procesos judiciales. Por desgracia, no existen las mínimas condiciones que garanticen una verdadera aplicación de la justicia. Sería para quien infringe la ley, una especie de isla de la fantasía.
Por otro lado, el oficialismo plantea una Asamblea Nacional Constituyente que le de vida a nueva constitución, dícese, como solución a problemas históricos de la nación, un tema álgido que divide a los políticos y genera controversias en todos los sectores de la población, al considerar que en el país se tienen leyes para todo, y que es el coraje, la voluntad y el valor el que se necesita para aplicar la ley y que se haga justicia. Por ende, la necedad y el plan pasa por pretender enquistarse en el poder ejecutivo, y no precisamente, por contribuir al desarrollo de Honduras, sino para satisfacer los mezquinos intereses en juego de una casta privilegiada autoproclamada mesiánica.
En línea con tal propósito, un congresista del partido hecho gobierno habla de un proyecto de ley encaminado a una reforma constitucional para limitar el rol de las Fuerza Armadas en temas electorales. Concretamente, se busca quitar a las FFAA el rol de velar por la alternabilidad en el poder, que es una de las facultades que le otorga el artículo 272 de la Constitución al instituto armado en relación a la democracia en Honduras. Un hecho que provocó preocupación y rechazo, incluso entre los líderes de su partido, que dijeron desconocer su moción. En cualquier caso, se trata de proyectos de ley, transmitidos vía globos sonda que generan incertidumbre en la población, dando la impresión de buscar una reelección.
Finalmente, tenemos el caso de la ex primera Dama que oficializó los pasado días su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Una intención a la que tiene constitucionalmente todo el derecho ciudadano. Pero que, en las circunstancias, sobre todo, familiares y coyunturales en que se da, ha sorprendido a la opinión pública en general, y no necesariamente en sentido positivo.
Empezando porque el gobierno que encabezó su esposo en dos períodos consecutivos (el último un atropello a la legalidad), fue nefasto. Salpicado de altísimos índices de corrupción y de un llevado y traído tema del narcotráfico, un sentimiento que prevaleció no solo a vox populi, sino también en la agenda diaria de líderes políticos y ciertos comunicadores sociales de la oposición. Una pésima administración del Estado, desbordada en última instancia con esa desfachatez de los tales hospitales móviles, que, en resumen, vino a unir a un conglomerado social harto de tanto mal accionar en la conducción de la cosa pública, lo que se vio reflejado ampliamente en esa derrota electoral del partido nacional.
La consigna era clara: al presidente había que sacarlo a como diera lugar, incluso, sin pensar tanto en qué tipo de gobierno lo iba a sustituir. Y ahora viene a sumarse la culpabilidad que le encontró un jurado en el juicio recién concluido en un tribunal de Nueva York y su esperada condena que seguramente habrá de ser severa. Por tanto, siendo ella la cónyuge del ex gobernante, seguramente la hará atraer como imán una serie de anticuerpos que políticamente no la beneficiarán ni a ella ni a su partido político.
