“Rolexgate” amenaza a la presidenta de Perú
Dina Boluarte.
(LASSERFOTO AFP)
Lima.- Unos relojes de lujo hacen tambalear el frágil gobierno de Dina Boluarte. La presidenta de Perú deberá explicar esta semana a la fiscalía la procedencia de estas joyas, pero su suerte más que de la justicia depende del Congreso, donde la izquierda promueve su destitución.
Boluarte, que asumió el poder en diciembre del 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, será escuchada por los fiscales el viernes por primera vez desde que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo.
La mandataria de 61 años es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del “Rolexgate”, como se conoce el escándalo que estalló a mediados de marzo por una investigación periodística. Boluarte tendría varios relojes de lujo que no habría declarado dentro de sus bienes.
El lunes seis ministros renunciaron en medio de la tormenta. El futuro de su mandato, que concluye en julio del 2026, “es incierto, a pesar de que se juega por dos cuerdas separadas que son la judicial y la política”, dijo a la AFP el analista Augusto Álvarez Rodrich.
Ante el escándalo que produjo el allanamiento, Boluarte solicitó adelantar la fecha de su indagatoria, aunque la fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre ese pedido.
En la diligencia ella deberá exhibir y justificar la compra de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.
La fiscalía, sin embargo, puede investigarla por un máximo de ocho meses desde que empezó a hacerlo en marzo. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio del 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.
Así que sería en “el terreno político, el Congreso, donde se decidirá si ella permanece en la presidencia”, subrayó Álvarez.
La fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre del 2022 y enero del 2023” que pedían su renuncia y adelanto de elecciones. AFP
