¿Accidente o atentado en la tragedia aérea de 2017?
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Oscar Armando Valladares
El 16 de diciembre de 2017 la nación fue sacudida con este escueto hecho noticioso: la caída de un helicóptero, en el que viajaba Hilda Hernández, hermana del presidente. El súbito suceso, manejado con asombrosa secretividad -que indujo a dudas y sospechas- se oficializó con carácter de percance accidental, en el cual fallecieron otras cinco personas, incluyendo la capitana de infantería Patricia Elizabeth Valladares.
A comienzos del gobierno de Xiomara Castro, precisamente el 2 de febrero de 2022, los padres de la oficial, Dora Rubio y Oscar Valladares, rompieron el mutismo de cuatro años, al sustentar -en entrevista televisiva- que Patricia y restantes fallecidos fueron víctimas de un atentado.
-Siento que a mi hija la asesinaron -dijo su progenitora-. Yo no estoy engañada; accidente, no, porque “hay muchas cosas que no van con eso”. Reveló cómo fue amenazada telefónicamente, al demandar explicaciones precisas sobre lo ocurrido. -Ya en la noche me estaban llamando, diciéndome: Señora, hablamos de Casa Presidencial. Queremos decirle que no hable, no tiene nada de qué hablar. Usted tiene cuatro miembros más en las Fuerzas Armadas, lo que podría ser peligroso.
Por su lado, el padre de Paty, adujo en la entrevista ser presa de la frustración cada fin de semana al no saber en verdad si la tumba que visitan contiene o no sus restos, “pues a nosotros nos entregaron un ataúd sellado”. Creo -adicionó la angustiada madre- que don Juan Orlando dio la orden para que no se investigara más.
A raíz de haber sido juzgado y declarado culpable el ex gobernante -en el Distrito Sur de Nueva York-, las sospechas de lo realmente acontecido fueron cuasi confirmadas con las declaraciones aseverativas del ex asesor Marvin Ponce, en cuanto a que Hilda Hernández había muerto a manos de narcotraficantes. Enemigos o rivales de su hermano, ¿fueron entonces los autores intelectuales de este hecho oprobioso, en el que pagaron justos por pecadores?
De aquel fatídico 16 de diciembre, han corrido poco más de seis años, y a la fecha no ha habido una investigación rigurosa y por demás esclarecedora acerca del helicóptero y los ocupantes que volaban con destino a Comayagua, cuyos familiares -al igual que los padres de Patricia- recibieron sendas cajas mortuorias herméticamente cerradas.
Ahora que la nueva jerarquía castrense no tiene, como otrora, las manos atadas deviene obligada al nombramiento de una comisión que, en definitiva, establezca las causas del siniestro, no sólo por los uniformados que perdieron la vida sino por el buen nombre e imagen de la institución armada, venida a menos desde el golpe de Estado de 2009 y agravada durante los gobiernos fraudulentos consecutivos.
Aunque por razones y perjuicios internos, la justicia estadounidense se ocupó del narcotráfico en Honduras e inculpó a numerosos tratantes de la droga -luego de haberlos extraditado-, igual o mayor motivo asiste a la autoridad nacional, civil y militar, para dilucidar este hecho que, directa o implícitamente, guarda relación con los juicios ventilados en USA, en particular con el incoado al ex titular del Ejecutivo, en confinada espera de serle cuantificada la condena carcelaria por el juez Castel.
¿Accidente, como dio en llamar el parte oficial? ¿O atentado vengativo, como viénese tildando, con más convicción que duda? Lo que realmente produjo la tragedia aérea de 2017, podrá sólo averiguarse si hay voluntad propicia tanto del lado de la autoridad competente como del gobierno de Libertad y Refundación.
