“Ni las conductas que les endilgaron a nuestros defendidos ni el proceso de juzgamiento estaban tipificados en ninguna ley”

Los abogados de los exmagistrados hondureños indemnizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicaron a este rotativo, que “no se puede sancionar a jueces por conductas que no estén prescritas por la ley y, además, porque también deben estarlo los procesos que dan lugar a su aplicación”.

Las víctimas fueron defendidas por los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Argentina, Ignacio de Casas, Ignacio Boulin Victoria, Lucas Gómez y la graduada de la Diplomatura en Derechos Humanos de esa casa de estudios, Fabiola Cantú. Lucas Gómez, profesor de derechos humanos de la Universidad Austral, resaltó: “La Corte encontró que la destitución se llevó a cabo en ausencia de un procedimiento establecido, sin un fundamento legal respecto de las causales y la sanción aplicables, y sin que las víctimas fueron informadas ni se les concediera la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa”.

“La sentencia del caso Gutiérrez Navas vs. Honduras es la primera que expresamente aplica el artículo 9 de la Convención Americana a los juicios políticos. Tanto porque, desde un punto de vista material, no se puede sancionar a jueces por conductas que no estén prescritas por la ley y, además, porque también deben estarlo los procesos que dan lugar a su aplicación. Es decir, el procedimiento del juicio político debe describirse detalladamente en la ley, lo que incluye sus fases, plazos, oportunidades de intervención de los acusados y consecuencias jurídicas.

En otras palabras, ni las conductas que les endilgaron a nuestros defendidos ni el proceso de juzgamiento estaban tipificados en ninguna ley”, explicó Ignacio de Casas, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Por otra parte, Ignacio Boulin Victoria, docente y coordinador académico de la Diplomatura en Derecho Humanos de la Universidad Austral, reflexionó: “Las cuatro víctimas de este caso se enfrentaron con un presidente que hoy está condenado por narcotráfico, en la cima de su poder. Sufrieron el exilio, amenazas de muertes, disparos, intentos de secuestro, difamaciones, ellos y sus familiares. Se cierra un caso de alto impacto, por el que posiblemente Honduras cambie su Constitución y su ley de juicio político”.

INDEMINZACIÓN MILLONARIA

El lunes pasado, (CIDH), el más alto tribunal en la materia en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), notificó el lunes pasado la sentencia en la cual declara responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la destitución arbitraria de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. La indenización total para ellos supera los 52 millones de lempiras. La destitución se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012, durante la presidencia de Porfirio Lobo, y de Juan Orlando Hernández, a cargo, en aquél entonces, del Congreso de Honduras.

Los magistrados integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras para el período que iba del 26 de enero de 2009 hasta el 25 de enero de 2016. A raíz de una serie de declaraciones de inconstitucionalidad que los magistrados dictaron sobre distintas medidas que implementaba el gobierno de Lobo –entre otras, una sobre la depuración de la Policía– el Congreso de Honduras formó una comisión especial para investigar la conducta de los magistrados.

Esta comisión elaboró un informe en el cual recomendaba la destitución de los jueces, recomendación que fue aprobada también por el Congreso. La destitución de los jueces se llevó a cabo durante la madrugada del 12 de diciembre de 2012 (y sus reemplazantes nombrados horas después) con el edificio del Congreso rodeado de fuerzas militares y policiales y sin que las víctimas fueran notificadas sobre los procedimientos en curso.

Según estableció CIDH el gobierno de Honduras es responsable por desconocer las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como la integridad física, los derechos políticos, a la protección judicial y a la estabilidad laboral de las víctimas. La Facultad de Derecho de la Universidad Austral es una de las instituciones de enseñanza superior líder de Argentina. Se estableció en 1991 y fue diseñada para formar personas capaces de tomar decisiones desde las diversas tareas que cumplirán como abogados, asesores de empresas, jueces, funcionarios públicos o legisladores.

El último año recibió el reconocimiento del prestigioso Ranking QS by Subject quien la designó como la mejor Facultad de Derecho de gestión privada de Argentina. La Facultad de Derecho de la Austral dicta tres carreras de grado: Abogacía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A lo largo del año, se dictan también más de 100 diplomaturas y programas de capacitación y actualización en una amplia gama de temáticas. Además, la Facultad promueve numerosas jornadas, charlas, debates entre otras instancias de intercambio académico e investigación.