Por denuncias el MP y la PGR secuestran documentos en el ICF
El Ministerio Público (MP) a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron la mañana de este jueves a las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) a secuestrar documentos por supuestas denuncias de prescripciones adquisitivas.
El titular del ICF, Luis Soliz manifestó que las denuncias interpuestas ante las autoridades pertinentes son por la adjudicación de títulos de propiedad para planes de manejo en área nacional, pero ahora a título de privado.
“La mayoría, casi el 98 por ciento, fueron otorgados entre el 2016 y el 2021; ya en 2022 ingresaron cuatro títulos bajo el Instituto Nacional Agrario y otros cuatro del Instituto de la Propiedad, las prescripciones adquisitivas siempre han estado ingresando en gran volumen”, dijo.
“La principal amenaza son las prescripciones adquisitivas que están otorgando los juzgados o la Corte Suprema de Justicia en el bosque nacional”, agregó.
En ese sentido, Luis Soliz subrayó que son cerca de 256 mil hectáreas las que se han escriturado y que en la actualidad el ICF tiene en su poder para planes de manejo cerca de 15 mil hectáreas de bosque.
“Pedimos se suspendan todas las escrituras públicas que han sido otorgadas y que se investiguen a los funcionarios públicos y la parte privada que participó en el otorgamiento de las mismas”, comentó el titular del ICF.
MINISTERIO PÚBLICO
La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), llegó a las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), con el fin de secuestrar 70 expedientes, por el supuesto otorgamiento irregular de planes de manejo dentro de Parques Nacionales.
Una vez que toda la información esté en poder de las autoridades de FEMA, la documentación será analizada por el equipo técnico en aras de establecer si se ha puesto o no en riesgo los intereses del Estado, al supuestamente llevarse a cabo procedimientos administrativos que afectan el patrimonio natural y forestal del Estado de Honduras.
Además, la Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS), indica que las áreas forestales en ningún caso se deben considerarse como tierras incultas u ociosas y no podrán ser objeto de afectación con fines de reforma agraria, ni de titulación en su caso.
De igual forma, la Ley de Municipalidades en su artículo 69 indica que los bienes inmuebles ejidales rurales de vocación forestal, pasarán a dominio pleno del municipio, y prohíbe en el artículo 70, que las municipalidades otorguen títulos a terceros que sean de vocación forestal.
Supuestamente, autoridades judiciales otorgaron alrededor de 5,617.11 hectáreas, infringiendo las Leyes vigentes.
La diligencia de la FEMA se realiza con el apoyo de personal de la Procuraduría General de la República (PGR), del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9) y los agentes de investigación.
