Política limpia: reformas para mejorar la fiscalización del financiamiento de campañas electorales
Por: Kelvin Aguirre
Las iniciativas para lograr reformas al financiamiento, transparencia y fiscalización de fondos de partidos políticos, movimientos y candidatos para los procesos electorales en Honduras no es un asunto nuevo. Se viene discutiendo desde el año 2001.
En aquella fecha, una coalición de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, integrada por el Foro para el Fortalecimiento de la Democracia, el Foro Nacional de Convergencia y la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, planteó la necesidad de considerar en la temática electoral el financiamiento de partidos políticos.
Durante este esfuerzo se elaboró el “Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño”, del 4 de septiembre de 2001, que planteó promover una reforma integral al sistema de partidos, incluyendo el financiamiento político electoral.
Esta iniciativa contribuyó a lograr la aprobación de la derogada “Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas” (Decreto 44-2004), que contemplaba en sus artículos 81 y sucesorios la temática del financiamiento electoral.
Si bien se contaba con un marco legal, la aplicación práctica de dicha ley era limitada porque carecía de un mecanismo concreto de fiscalización, como también de recursos humanos, económicos y logísticos para implementarla, de procedimientos administrativos claros y de un sistema de sanciones que facilitara su aplicación efectiva.
Por lo que años después, en el 2010, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló nuevamente la necesidad de abordar la regulación del financiamiento y fiscalización electoral con una perspectiva integral. Esto bajo el argumento de existir desconfianza en el sistema electoral hondureño.
Como se puede apreciar, esta necesidad no es nueva en Honduras. Incluso la Visión de País y el Plan de Nación, aprobados el año 2010 por el Congreso Nacional, y suscrito por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y los cinco candidatos a la Presidencia en los comicios del 2009, ya establecía como objetivo en el enunciado sobre democracia, ciudadanía y gobernabilidad, que al año 2022 “Todos los partidos políticos legalmente inscritos, presentarán auditorías certificadas sobre el origen de los fondos utilizados para el financiamiento de campañas políticas…”.
Por lo que en el año 2017 se aprueba y entra en vigencia la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos más conocida como Ley de Política Limpia.
Posteriormente, las recomendaciones efectuadas por las Misiones de Observación Electoral de la OEA y de la Unión Europea, entre el año 2017 y 2021, también resaltan la necesidad de lograr una mejor regulación sobre el financiamiento y fiscalización de aportes y gastos de campaña.
Ad portas de un nuevo proceso electoral, aunado a los juicios de Nueva York la problemática del financiamiento ilícito electoral de partidos políticos y candidatos, debe volver a resurgir para evitar problemas de gobernanza y representatividad, en especial, porque es común que el dinero ilegal del crimen organizado y la corrupción se inserte en la política, realidad que existe en el país, lamentablemente.
Entonces parece obvio que se requiere reformar la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos o Ley de Política Limpia, en especial los aspectos mencionados en las recomendaciones efectuadas por las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE:
• Fortalecer la estructura presupuestaria, de recursos humanos e informáticos de la Unidad de Política Limpia.
• Fijar a los partidos políticos el establecimiento de techos o topes de gastos a las campañas que la ley impone a los candidatos (mayor equidad en la contienda electoral).
• Establecer normas de regulación para que se pueda extender la fiscalización a las redes sociales.
• Crear tipos penales relacionados con el financiamiento de la política y el clientelismo político.
En la senda de la construcción democrática se debe considerar imperativo que los líderes y lideresas políticos de nuestro país, contribuyan al fortalecimiento de la democracia, realizando estas reformas electorales a la Ley de Política Limpia, pues así podríamos disponer, como ciudadanía, de un mejor control y fiscalización del financiamiento de las campañas electorales, ya que ahí es donde radica el origen de muchos de los problemas que afectan a nuestro país.
