Por: Rodolfo Dumas Castillo
El control de convencionalidad representa un compromiso fundamental para los Estados en el cumplimiento de los estándares internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Esta obligación no solo implica la adecuación formal de las leyes nacionales a los tratados internacionales, sino que también la interpretación y aplicación coherente de estas normativas conforme a los principios establecidos en el ámbito internacional, es decir, se debe ejercer al aprobar las leyes, pero también al momento de aplicarlas a casos concretos.
En América Latina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado pautas claras sobre la importancia del control de convencionalidad y sus sentencias, que son vinculantes para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exigen que estos garanticen la protección efectiva de los derechos humanos en sus legislaciones y prácticas judiciales. Un ejemplo reciente que resalta la relevancia de este control es el caso de Viteri Ungaretti y Otros vs. Ecuador. En esta decisión, la Corte IDH estableció que Ecuador incumplió su deber de proteger a los denunciantes de corrupción, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión, por lo que ordenó a Ecuador la aprobación de una ley específica de protección a los denunciantes.
La sentencia es contundente: “La Corte recuerda que la interpretación y aplicación de la normativa vigente en el Ecuador debe ser coherente con el derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 13 de la Convención Americana, y con los estándares desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal, y en especial, en la presente Sentencia. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que – en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes – las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control
de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”
Esta sentencia tiene implicaciones significativas para Honduras pues, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligada a acatar las decisiones de la Corte IDH. Consecuentemente, tras la sentencia en el caso Viteri Ungaretti, Honduras tiene la responsabilidad ineludible de implementar medidas legislativas que aseguren una protección eficaz a los denunciantes de actos ilícitos y violaciones a los derechos humanos. Se trata de una obligación que, de todas maneras, se viene exigiendo desde hace mucho tiempo como parte de la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, el control de convencionalidad no solo es una exigencia jurídica, sino también un paso esencial hacia la construcción de sociedades más justas, transparentes y guiadas por la cultura de legalidad. Al alinear la legislación nacional con los estándares internacionales se fortalece el estado de derecho y mejora la confianza en las instituciones, algo absolutamente necesario en nuestro país después del terrible daño ocasionado por más de una década de arbitrariedades y debilitamiento de la institucionalidad.
Honduras debe asumir con seriedad y sentido de urgencia su compromiso con el control de convencionalidad. La adopción de una ley integral de protección a los denunciantes no solo cumpliría con las obligaciones internacionales, sino que también enviaría un mensaje categórico sobre el compromiso del país con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
El control de convencionalidad no solo es esencial para proteger los derechos humanos, sino que también tiene un impacto profundo en otras áreas fundamentales de la sociedad. Al alinear nuestras leyes y prácticas con los estándares internacionales se fortalece el Estado de Derecho y se sientan las bases para abordar desafíos críticos en áreas como el medio ambiente, la justicia social y desarrollo económico; representa una oportunidad para transformar nuestras leyes y prácticas en beneficio de toda la sociedad.
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