A la cárcel de El Progreso 5 agentes de la Dipampco
Osmín Orellana Paz, Léster Nahúm Uclés Andino, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza, Andy José Pérez Zelaya y Enrry Michael Cárcamo Molina.
A la cárcel de El Progreso, Yoro, fueron enviados cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco), acusados del delito de secuestro agravado.
La juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, luego de la audiencia de declaración de imputado, les dictó la medida cautelar de detención judicial.
Los imputados son Osmín Orellana Paz, Léster Nahúm Uclés Andino, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza, Andy José Pérez Zelaya y Enrry Michael Cárcamo Molina, a quienes se les supone responsables de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de un testigo protegido.
La Fiscalía, luego de darles a conocer el motivo de la acusación, pidió para los imputados, privarlos del derecho de la libertad y la defensa y solicitó mantener el estado de inocencia.
AUDIENCIA INICIAL
La audiencia inicial se programó para las 9:00 de la mañana del lunes 22 de abril y el término legal de los seis días lo cumplirán en el Centro Penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro.
A principios de la semana se presentó el requerimiento fiscal y una vez admitido, se giró la orden de captura el 16 de abril del corriente año, que la Unidad Nacional Antisecuestros ubicó en tiempo y forma.
De acuerdo a las diligencias de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el “modus operandi” de estos policías es que llamaban a las víctimas, haciéndose pasar por conocidos, luego los subían a los “busitos” de la misma institución y los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula, hasta que les pagaban el rescate.
Las investigaciones determinan que los montos que exigían por el rescate de las víctimas oscilaban entre los 100,000 y 300,000 lempiras.
AMENAZABAN CON VIOLARLAS
Asimismo, se determinó que si las víctimas eran mujeres, las amenazaban con abusar sexualmente de ellas y en otros casos les decían a los ofendidos que si no pagaban les pondrían drogas para presentarles acusaciones falsas.
Uno de los expedientes investigados se refiere a una denuncia recibida el miércoles 21 de febrero de 2024, de un posible secuestro registrado en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula, Cortés.
El Ministerio Público (MP) reiteró su compromiso de continuar con la lucha en contra de irregularidades que cometan funcionarios públicos y del Estado e instó a la población a denunciar estos casos.
Uno de los encausados en este proceso, a su ingreso a la audiencia, detalló que ” nos están tirando como los más grandes delincuentes, trabajar en esta institución y estar asignados a estas unidades es bien difícil”. (XM)
