Ley Procesal Electoral: una reforma prioritaria para tranquilidad de los hondureños
Por: Kelvin Aguirre
Cuando retornamos a la democracia en nuestra región, predominaron los órganos electorales unificados, quienes tenían las funciones logísticas, administrativas y técnicas del proceso electoral, así como la responsabilidad jurisdiccional.
Sin embargo, los cambios del siglo XXI apuntaron hacia la separación de funciones de las entidades, justificada por la extensión de las garantías, los mecanismos de resolución de controversias en un Estado de Derecho, y la especialización del área electoral como una rama propia en el derecho.
Esta profesionalización de los órganos electorales, se concretó en Honduras en el año 2019, atendiendo la recomendación de la Misión de Observación Electoral de la OEA, con la reforma constitucional que conformó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegurando una eficaz doble instancia y evitando ser “juez y parte”.
No obstante, si bien los procesos electorales primarios e internos, así como las elecciones generales, del año 2021 nos dejaron lecciones aprendidas, también destacaron la falta de aprobación de la Ley Procesal Electoral hasta la fecha. Y de cara a las próximas elecciones primaras e internas a celebrarse en marzo del año 2025, se hace imperativa y prioritaria su aprobación, a efectos de cumplir con el mandato constitucional emanado del Artículo 53 de la carta magna, que ordena crear una Ley Procesal Electoral para regular las competencias específicas, la organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Sin contar con su propia ley, el Tribunal de Justicia Electoral ha funcionando mediante resoluciones, reglamentos, manuales y autos acordados emitidos con base al Decreto No. 187-2020, mismo que estará vigente hasta que se apruebe la normativa en materia de justicia electoral.
En tal sentido, es evidente que se requiere aprobar para el nuevo proceso electoral la Ley Procesal Electoral, como compromiso pendiente en materia de la justicia electoral, en especial a lo referente a las garantías de independencia e imparcialidad de los magistrados, a la carrera administrativa y judicial electoral, así como la sustentación de los recursos una vez agotada la instancia administrativa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), según contempla la Ley Electoral, así como de los actos y resoluciones que dicte la Unidad de Política Limpia.
De igual forma, esta Ley Procesal Electoral daría la atribución legal, no reglamentaria como se encuentra vigente a la fecha, sobre los recursos derivados de las actuaciones de las autoridades partidarias, una vez que se haya agotado la instancia partidaria correspondiente.
Adicionalente, delimitará de manera clara y de forma legal los plazos para sustentar los procesos ante el TJE, para evitar los conflictos que se suscitaron en las elecciones generales del año 2021 en varias alcaldías como las de Duyure, San Lucas y San Antonio de Flores, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) había realizado el escrutinio definitivo y en las últimas dos municipalidades, incluso había realizado la declaratoria de elecciones publicada en el diario oficial La Gaceta.
Sin embargo, meses después el TJE la modificó con base a recuentos jurisdiccionales, por lo que es importante delimitar bien los plazos para evitar se repitan dichos conflictos que vulneran la democracia que tanto queremos.
Para impulsar la tranquilidad de los hondureños y su confianza en los órganos electorales, es necesario aprobar Ley Procesal Electoral, no solo por cumplir con la Constitución, que es importante, sino como parte de un paso decidido para fortalecer la democracia y la justicia electoral en el país.
La experiencia rescatada de las elecciones del año 2021 reafirman que, sin un marco legal claro y específico, la incertidumbre y el conflicto seguirán denostando nuestro sistema electoral, y es en este escenario donde la Ley Procesal Electoral debe nacer para evitar los conflictos pre y postelectorales.
Si queremos seguir avanzando en el camino de las elecciones confiables y transparentes, la consolidación de nuestro sistema electoral es el camino que debemos emprender entre todas y todos para asegurar que cada voto cuente y cada elección refleje verdaderamente la voluntad soberana del pueblo.
