El excandidato presidencial Vidaurre denuncia la ocupación de casa de verano en Nicaragua

HG
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27 de mayo de 2024
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04:45 pm
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El excandidato presidencial Vidaurre denuncia la ocupación de casa de verano en Nicaragua

El excandidato presidencial nicaragüense Noel Vidaurre, que fue excarcelado, expulsado hacia Estados Unidos y despojado de su nacionalidad hace 15 meses, denunció este lunes la ocupación de su casa de verano en el turístico balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico sur de Nicaragua.

“Llegaron de la Procuraduría (General de la República), con la policía, sacaron al celador (vigilante) y es lo único que sé. No sé nada más, desafortunadamente. No hay nadie que me pueda informar”, dijo Vidaurre a las plataformas Despacho 500 y 100 % Noticias.

Vidaurre, un abogado y político conservador que aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996, calificó como un “abuso de autoridad quitarnos propiedades que son bien habidas, sin que hayamos cometido ninguna estafa, ningún fraude y mucho menos sean piñateadas (robadas)”.

La casa de verano del político opositor está situada en el municipio de San Juan del Sur, que acoge un turístico balneario con el mismo nombre, en el departamento de Rivas, sur de Nicaragua y fronterizo con Costa Rica.

El excandidato presidencial y exdiputado dijo que de momento no tiene un cálculo sobre a cuánto asciende el costo de la propiedad expropiada, pero aseguró que “es una propiedad grande”.

En los últimos ocho días, las autoridades nicaragüenses han ocupado al menos cuatro propiedades de opositores, incluido el condominio ‘Fallarón de Sotavento’, construido por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos en el balneario de San Juan del Sur, donde ahora funciona una escuela de hotelería.

 

El Estado justifica expropiaciones

Hace dos semanas, la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado, justificó las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a nicaragüenses desnacionalizados, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado nicaragüense.

Esa investigación señala que las “ilegales confiscaciones de bienes” constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.

La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el periodo de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a Violeta Chamorro.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión. EFE

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