Por: Juan Ramon Martínez
He sido crítico de las Fuerzas Armadas. En la década de los ochenta, en que muchos callaron, –por cobardía o por intereses personales–, me opuse a la instrumentalización que la política de Estados Unidos hizo de nuestros soldados. En un momento fui llevado al DIN, donde el coronel Fuentes me interrogó, por órdenes del general Regalado Hernández. Le respondí, a una de sus preguntas en términos que creo que tienen validez actualmente, en que algunos, en el ánimo de destruir la institucionalidad frágil que tenemos, las atacan despiadadamente, porque no se oponen en favor de sus intereses antidemocráticos. Le respondí a Fuentes que no estaba en contra de las FF. AA. siendo de nosotros, –el pueblo, sus dueños–, no podríamos luchar por su destrucción. Ahora sostengo lo mismo. Y además, con un argumento adicional: en tiempos de crisis, de inestabilidad y desacuerdo en que pareciera que nos quisiéramos destruir unos con otros, las Fuerzas Armadas proveen el equilibrio para garantizar la existencia de la nación.
La crítica no es estructural, sino que emocional. Cuando apoyan sus intereses, las celebran. Y cuando no, las denostan, en forma por lo demás irracional.
Las modernas Fuerzas Armadas de Honduras, con batallones organizados para el combate que sustituyeron a las guardias pretorianas de los gobernantes, han sido un baluarte para evitar la guerra civil, posiblemente el mal endémico, más dañino en la historia nacional, porque impidió la acumulación originaria y por esa vía, nos privó de contar con la burguesía nacional que ahora echamos en falta. Desde esa fecha, las Fuerzas Armadas fueron el brazo armado del pueblo para garantizar el ejercicio de la rebelión popular en contra de los gobiernos despóticos; para después, convertirse en el eje del poder que, bajo la dirección de López Arellano, con la complicidad del Partido Nacional, en un instrumento partidario. Mientras López dirigía sus hombres, Zúniga Augustinus y Mario Rivera, gobernaban al país en nombre del Partido Nacional. Es decir que, volvieron a ser “guardia pretoriana”, en contra de las instituciones democráticas, bajo las órdenes de un caudillo. Desde los ochenta para acá, fuera de la instrumentación a las que las sometieron los Estados Unidos en la guerra de Nicaragua y la de El Salvador, han estado en el lado correcto.
En los últimos años –gobiernos de Reina y Flores– fueron sometidas al poder civil. Su comandante en jefe fue el gobernante, con lo que se le restó autonomía a una institución que, en el caso de los Estados Unidos, el presidente lo es; pero ellas, preservan en El Pentágono un espacio de poder e independencia, para desobedecer a su jefe, sin insubordinarse. Aquí, las Fuerzas Armadas están sometidas al gobernante de turno y este, amparado algunas veces en dudosa legalidad, las obliga a la subordinación. Este asunto –que hay que corregir en el futuro– lo he discutido con Carlos Flores, sosteniendo la tesis que, mientras los militares se sometieron a la ley y a la institucionalidad civil; los políticos, algunos incivilizados –con las excepciones naturales– en cambio, no se subordinaron a la primera y tampoco hicieron fe democrática. Porque, a todo el mundo hemos intentado preparar; menos a los políticos que, en el poder hacen lo que quieren, incluso amenazando la democracia; favoreciendo la inestabilidad y cumpliendo sus caprichos personales, sin tener en cuenta la existencia y el desarrollo de la nación.
En tiempo de crisis, las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir el orden y defender el imperio de la ley. Que los políticos hayan manipulado la ley para ponerla al servicio de espurios intereses, es culpa del electorado, de la “inteligencia nacional”, y del sistema cultural que celebra la arbitrariedad del poder. Y no de los uniformados. En la crisis actual, queremos darles todas las tareas a los militares que, no están entrenados para decir que no, como algunos jueces, a ello lo llamamos militarización, cuando es evidencia de las deficiencias e inmoralidades de la burocracia que usa el poder para enriquecerse.
Las Fuerzas Armadas son necesarias. Carecemos de la cultura política de Costa Rica para prescindir de ellas. Los enemigos de la democracia estudian en las universidades y los electores, en vez de escoger lo mejor para el país, se dejan instrumentalizar por las redes sociales y eligen a los peores para gobernarnos.
