Una de las defensas se adhirió a la petición de reprogramación del juicio que se desarrollaría esta semana.
El juicio oral y público del caso Patuca III fue reprogramado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, para las fechas del 9 al 20 de noviembre.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que el juicio oral estaba programado comenzar ayer lunes y finalizar en la primera semana de noviembre, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la reprogramación, justificando que tenían juicios programados para estas fechas.
Continuó diciendo que uno de los equipos de defensa de tres imputados en este caso solicitó extensión de tiempo porque necesitan más días para analizar una prueba pericial que se evacuará en el juicio oral y público.
Los imputados en este expediente judicial son Juan José Villeda, Renán Alexis Maldonado, Amalia Puerto, Luis Sofía Figueroa, Suyapa Lorena Rivera y Elia Virginia Medina.
Asimismo, se encuentra el abogado y supuesto socio de “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía; la esposa de este, Waldina Salgado; y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía, quienes se entregaron a la justicia en marzo del 2019, por otro proceso judicial que pesa en su contra.
Actualmente, el abogado Mejía está recluido en la penitenciaría de Támara, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
En este expediente judicial, al núcleo familiar y a los demás imputados, el Ministerio Público los acusa por fraude, uso de documentos públicos falsos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
De acuerdo a los resultados de la investigación, el fraude se produjo al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento del campamento base del proyecto hidroeléctrico Patuca III, a un grupo selectivo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí.
A dichas empresas se les asignaron contratos millonarios sobrevalorados en suministros, en algunos casos hasta más de un 149 por ciento del valor que tenían en el mercado esos bienes.
Otra de las irregularidades que se mostraron y que se encuentra plasmada en la acusación, es que en la adjudicación de los contratos, las tres empresas ofertantes para el desarrollo de esos proyectos obviaban los procedimientos y falsedad en la recepción de los bienes, con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos. (XM)
