Managua.- El Parlamento de Nicaragua aprobó el lunes una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones e injerencia extranjera, en clara alusión a la oposición.
La polémica ley de «Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz», promovida por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada este lunes con 70 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, en el Parlamento de mayoría oficialista.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021 en las que el sandinista Ortega, de 74 años, podría buscar un cuarto mandato consecutivo.
La norma, rechazada por dirigentes opositores, establece que «aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua» no podrán optar a cargos de elección popular.
Además excluye a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia de otros países o se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
«¿Acaso se pueden llamar ciudadanos nicaragüenses quienes pretenden derramar sangre de hermano y decir que tienen derechos?», dijo el diputado sandinista Edwin Castro, en referencia a opositores.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, también justificó la ley. «Todo aquel que haga una acción de traición a la patria, tiene que ser juzgado», declaró. «Quien quiera hablar mal de la patria, que vaya a correr (a elecciones) a donde quiera, sobre todo en los ejemplos de democracia que estamos viendo en estos tiempos en el imperio».
La bancada del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votó en contra de la ley porque viola derechos de los ciudadanos que están protegidos por la Constitución.
El gobierno acusa a la oposición extraparlamentaria de golpistas y terroristas por haber participado en las protestas del 2018 aupados por Estados Unidos, así como de aplaudir las sanciones que ese país ha impuesto a funcionarios y familiares de Ortega, señalados de corrupción y violación de derechos humanos. (AFP)
