Lo político determina a lo jurídico, no al contrario

Arístides Mejía Carranza

El ilustre jurista, correligionario y amigo Edmundo Orellana ha publicado un artículo en este mismo rotativo oponiéndose a la interpretación de la norma constitucional que establece el sistema de mayorías para acceder a la Presidencia de la República, aduciendo que se trataría de una violación al orden jurídico imperante con lo cual los proponentes estarían buscando una finalidad sin importar los medios, según la famosa máxima de Maquiavelo y todo en función de la razón de Estado con lo cual presuntamente la oposición liberal reniega de sus principios.

Siento decir que no es lo uno ni lo otro. No hay maquiavelismo en tratar de salvar lo que queda de democracia y buscar que el próximo gobierno sea legítimo para terminar con un régimen autoritario. En todo caso, Maquiavelo se dirigía al príncipe no al pueblo.
En cuanto a la razón de Estado, el cardenal Richelieu consideraba que quien tiene la fuerza, tiene casi siempre la razón en materia de Estado, asumiendo que el poder estaba facultado a actuar al margen de la ley cuando hay una razón superior. Evidentemente, esto se aplica al gobierno, no a la oposición.
Por otro lado, no es lo jurídico lo que determina a lo político, es lo político que condiciona a lo jurídico, pues en todo régimen político el derecho no es más que uno de los instrumentos esenciales del poder. No toda actividad del poder se desarrolla en el marco del derecho y un análisis puramente jurídico de las instituciones políticas no daría más que una visión parcial y falsa (Duverger).

Nada de extraño en esto, puesto que la legitimidad del poder no descansa solo en la legalidad, lo hace también en un sistema de valores que sirve justamente para legitimar las reglas que lo rigen.
Por ello, los temas constitucionales se tejen en consonancia con la política; una Constitución es el reflejo de la correlación de las fuerzas políticas que la emitieron (Lassalle) y en ese sentido la Constitución no es otra cosa que el marco jurídico de los fenómenos políticos y por lo tanto una técnica de la autoridad (Hauriou).
¿Cómo explicamos entonces, que las revoluciones, los golpes de Estado o los referéndums procrean constituciones y que los pactos políticos prevalecen sobre la ley, cuando hay crisis política o degradación de las instituciones democráticas?

Basta recordar los casos del desmantelamiento del Estado nazi, estructurado inicialmente con toda legalidad y la creación del Tribunal de Excepción de Núremberg que juzgó a los criminales por parte de las potencias aliadas sin ley previa, o el referéndum al que tuvo que convocar Pinochet contra lo que mandaba la Constitución confeccionada por la dictadura o el fin del apartheid en Sudáfrica mediante un procedimiento no previsto en su Constitución racista. Los ejemplos sobran, son todos casos en que se sacrificó una cuestionada legalidad del régimen para hacer valer la legitimidad política, porque la legalidad en este caso sirve únicamente para circunscribir las acciones políticas al derecho positivo y la legitimidad del poder se sustenta en la voluntad mayoritaria, la legalidad y en los valores de la democracia liberal.

En la Honduras de hoy, ¿quién tiene la legalidad y la legitimidad? Será la oposición que busca una salida para hacer prevalecer la voluntad de las mayorías o es el gobernante y un grupo de diputados que han destruido buena parte del Estado de derecho y han obstruido la aprobación de la segunda vuelta por la vía de la reforma constitucional impidiendo toda salida?
¿Quién hace las reglas? ¿Qué ocurre cuando pierde legitimidad el que hace las reglas? ¿De qué seguridad jurídica y arbitrariedad estamos hablando?
Sin duda, es el gobierno que ha destruido la seguridad jurídica y ha sido arbitrario puesto que la oposición, al carecer de poder, no podría hacerlo.

El inconveniente de hacer análisis desde una parcela del conocimiento, como es el Derecho, es que conduce inevitablemente a una reducción. La visión estrictamente jurídica al final favorece al régimen, porque se invierten las realidades, dando a la iniciativa del Partido Liberal una connotación fascistoide que no tiene. Bajo esta lógica la ciudadanía impotente para evitar los abusos del poder no tendría siquiera derecho a buscar salidas democráticas si el régimen no las autoriza o las leyes convenientemente invocadas aparentemente lo impiden.
¿No existe acaso un derecho de resistencia a los gobiernos antidemocráticos?

Todos sabemos que hay circunstancias en que los gobernantes en plena legitimidad toman iniciativas temporales contrarias al Derecho por razón de interés público; lo han hecho ahora con la pandemia, o al cobrar impuestos expropiatorios, al retrasar la justicia, al violar derechos humanos, ¡cotidianamente vivimos en la ilegalidad!
Hacer ver que la iniciativa provocaría consecuencias nefastas para el país, es atribuir un efecto solamente negativo, que de todas formas es insignificante frente la dexteridad de Juan Orlando que ya lo hizo todo: modificó lo que quiso, se mantuvo a sangre y fuego, compró todo lo que pudo y hasta encuentra defensores bien intencionados de su legalidad.

Mis queridos colegas juristas y todos aquellos que se dejan impresionar por semejantes argumentos, deben comprender además que el derecho evidentemente se encuentra siempre retrasado con respecto a las realidades políticas y sociales. La legislación requiere de ajustes periódicos, cada vez que se legisla se hace sobre una situación pasada y el derecho a veces se constituye en un obstáculo al cambio, sus instituciones revestidas de la respetable túnica romana y de la peluca inglesa se convierten a veces en camisa de fuerza y generadora de injusticias. Por eso, todo jurista debe tener presente la enseñanza de Couture cuando dijo: Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.
La interpretación del artículo 236 es procedente desde que aquí se rompió el bipartidismo y dejaron de existir gobiernos con legitimidad de origen por no alcanzar la mayoría simple o surgir del fraude.
No existe alternativa en este momento: o dejamos a los que tienen secuestrada a la democracia proseguir por otros cuatro años en el poder y desfigurar completamente nuestra democracia hasta convertirla en una caricatura o nos movilizamos por la República.

*Abogado y político