MP desmantela red de pornografía y venta de niñas por redes sociales
Muchas de las niñas rescatadas pedían en la calle, al perder sus padres los trabajos, por la pandemia.
El Ministerio Público puso en marcha el operativo mensual denominado “Omega” en su sexta etapa a nivel nacional, con más de un centenar de acusaciones, capturas, allanamientos, decomisos e inspecciones para el combate a la criminalidad organizada, delincuencia común y corrupción.
La Unidad Contra la Trata del #MP presenta requerimiento fiscal y pide orden de captura por utilización de pornografía infantil agravada en perjuicio de varios menores de edad en Tegucigalpa.
El MP “detectó estructuras que se vienen dedicando al delito de pornografía infantil”.
Se explicó que estas bandas trabajan reclutando a las jóvenes menores de edad a través de distintas propuestas para que se dediquen a grabar videos, para luego ellos venderlos y ofrecerlos al mejor postor.
Ante la alarmante situación, Guzmán hizo un llamado enérgico a los padres de familia para que estén pendientes de lo que hacen sus hijas, con quienes interactúan y salen.
“Ellas son presas fáciles de estos individuos a cambios de ofrecimientos monetarios, logran poder reclutarlas ofreciéndoles otro tipo de propuestas para que ellas hagan estas situaciones”, insistió.
El Ministerio Público mediante la unidad contra trata de personas identificó a una de las personas de estas bandas, para dar con su paradero y posterior captura.
En Tegucigalpa, como en San Pedro Sula, las bandas recogían niñas de la calle y con engaños las sometían a tratos crueles, para que se vistieran de manera sexi, para exhibirlas en las redes sociales y posteriormente venderlas al mejor postor, descubriéndose que las que eran vírgenes, tenían un alto precio.
Para evitar las investigaciones por las denuncias de los padres, muchas eran llevadas a San Pedro Sula o viceversa, para despistar a los investigadores del Ministerio Público y de la Policía.
OLANCHO
En ese sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó requerimiento fiscal en contra de dos exalcaldes del municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios.
Los dos exalcaldes, Edwin Wilfredo Montalván Mejía y Léster Ramón Meza Murillo, en los períodos 2006-2010 y 2010-2014, respectivamente, se negaron a honrar deudas municipales que finalmente le generaron un perjuicio económico millonario a la alcaldía de San Francisco de La Paz por concepto de altos intereses, moras, demandas y costas de juicios.
Por otra parte, la Fetccop y la ATIC efectúan inspecciones, secuestro de documentos y toma de declaraciones en las alcaldías como las de Macuelizo en Santa Bárbara, Santiago de Puringla en La Paz, supuestos delitos que involucran a la corporación municipal del período 2006-2009.
Asimismo, en la alcaldía de La Ceiba en Atlántida y Tocoa en Colón, a donde se documentan presuntos delitos en contra de la administración pública.
INSPECCIONES POR CORRUPCIÓN
En tanto, en el Hospital Manuel de Jesús Subirana de Yoro, departamento de Yoro, se llevó a cabo una inspección técnica en relación a supuestas ilicitudes en la red sanitaria nacional y en la administración de las regiones departamentales de salud, caso por el que se investiga a más de 60 funcionarios y exfuncionarios que estarían ligados a compras irregulares, medicamentos no entregados o parcialmente entregados y sobrevaloración de fármacos.
De la misma manera, fiscales y agentes investigan denuncia contra empleados municipales de Tocoa por falsificación de documentos públicos, específicamente de acta a la que se agregó punto inexistente utilizado para obtener permiso a favor de empresa minera.
No obstante, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos presenta requerimiento fiscal contra los propietarios de una empresa que utilizó indebidamente una exoneración de pago de impuesto por el orden de casi 20 millones de lempiras (L.19,849,460.66).
En una minuciosa auditoría del Servicio de Administración de Rentas (SAR) se detectó que esta empresa no enteró Impuestos sobre la Renta entre los años fiscales del 2015 al 2018, por lo que al ser detectada la irregularidad consiguió acogerse al Régimen de Importación Temporal (RIT), aún cuando este tratamiento especial no le acogía.
SUSTRAJO EXPEDIENTES DE AUTOPSIAS
Respecto al trabajo de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) y la ATIC, se presentó un caso en contra de un médico, exempleado de Medicina Forense, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, abandono de cargo y sustracción de documentos públicos, en torno al manejo de 373 dictámenes de autopsia asignados de 2014 a 2017.
Fiscales de Derechos Humanos de la capital realizaron un decomiso de expedientes clínicos en los hospitales Dime, El Tórax y en el IHSS del Barrio Abajo, como parte de investigación por supuesta mala praxis.
Otra de las acciones realizadas por la Fiscalía de Enjuiciamiento y la ATIC realizó una inspección en la Jefatura Departamental de Gracias, Lempira, en relación a un presunto delito de apropiación y retención indebida, luego del extravío de 24 armas de fuego en custodia en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De su lado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y el Equipo Especial Contra el Microtráfico de Drogas del Bajo Aguán, en equipo con la Dirección Policial Antidrogas (DNPA), Dirección de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección de Fuerzas Especiales (DNFE), presentaron un requerimiento fiscal en contra de siete personas detenidas en las últimas horas con 42 paquetes de supuesta cocaína.
Se trata de un decomiso entre los municipios de Bonito Oriental y Limón, Colón, por el que se acusa de tráfico de drogas a Juan Alberto Paz, Odín Narcizo Ramírez Dubón, Aneth Guillermo Pineda Mejía, Edwin Joel Bueso Euceda, Carlos Cubias y Edwin Diego Navas Cárcamo.
En cuanto a operativos por parte de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), se desarrollaron inspecciones en la capital para constatar el manejo adecuado de residuos hospitalarios, tomando en cuenta el nivel de contagio del COVID-19 y en ese sentido evitar que las personas o el medio ambiente sufran consecuencias generados por sustancias peligrosas.
De igual forma, se presentaron acusaciones, ejecutaron capturas a involucrados por el delito de extorsión entre ellos se destaca el arresto de presuntos cabecillas de estructuras criminales organizadas dedicadas al cobro del “impuesto de guerra” y tráfico de drogas; hubo aprehensiones por casos de trata de personas, pornografía infantil, violaciones y otras agresiones sexuales; se presentaron 60 acusaciones por violencia de género solo en Tegucigalpa y se seguirán con las labores de investigación para establecer quiénes serían los autores inmediatos relacionados con los hechos de la apertura de carreteras hacia La Mosquitia. (XM)
