Por: Edmundo Orellana
Los partidos de la oposición con posibilidades de ganar las elecciones proponen un mecanismo anticorrupción siguiendo el modelo de la CICIG que operó en Guatemala auspiciada por la ONU.
Si esto ocurriera en Costa Rica, seguramente el pueblo tico repudiaría la propuesta; en cambio, en nuestro país quien la repudia es el gobierno ¿por qué? La pregunta se responde fácilmente: porque en Costa Rica hay sistema de justicia. Tiene una Corte Suprema de Justicia y un MP que gozan del respeto de su pueblo. Allá en lugar de “impunidad” tienen “seguridad jurídica”.
En nuestro país, el problema es que nuestro sistema de justicia no goza del respeto del pueblo. Nadie ve al Poder Judicial y al MP como refugios seguros de sus litigios. Curiosamente, esa percepción comenzó a formarse con el advenimiento del régimen constitucional, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la que se inauguró ese régimen, declaró pública e impúdicamente que era más fiel al presidente que a la Constitución de la República. Posiblemente los de antes no eran santos, pero no eran cínicos. Hubo casos, como el de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, era presidente del Colegio de Abogados y (asómbrese curioso lector) del Comité Central del Partido Nacional, sin embargo, nadie lo acusó de actuar como un lacayo de su partido, conservando, durante toda su vida, su honorabilidad personal y profesional. Fui testigo, igual que otros presentes en el momento, de cuando don Salomón Jiménez Castro, en su condición de presidente de la Corte Suprema, recriminó severamente, conminándolo a resolver con apego a Derecho, a un magistrado de apelaciones que acudió a verlo para que le dijese como fallar en un caso en el que el gobierno tenía interés.
Si con el advenimiento del régimen constitucional se hubiese iniciado la práctica de seleccionar a los más idóneos en la Corte Suprema de Justicia no habría habido necesidad de la MACCIH. Pero los partidos políticos insistieron en colocar, mayoritariamente, a sus incondicionales. Esa es la causa fundamental de que el pueblo en las calles exigiera una CICIH y se resignara con la MACCIH.
Pero la MACCIH supo conformar un equipo nacional que luchó denodadamente por golpear el sistema de impunidad. Esta experiencia nos demostró, fuera de toda duda, que entre nosotros hay hondureños con las cualidades suficientes para luchar contra el sistema de impunidad. La diferencia entre los que escogió la MACCIH y los que escogen los políticos, es abismal y radica en que aquellos accedieron a los cargos previa verificación de su idoneidad personal y profesional.
Son más los hondureños con estas cualidades que aquellos que carecen de ellas. La Ufecic y el CNA son dos ejemplos claros de este aserto. Con el primero, el Fiscal Luis Javier Santos y su equipo demostraron que se puede perseguir al criminal de cuello blanco; con el segundo, que bajo la dirección de profesionales como la abogada Gabriela Castellanos y su equipo, la sociedad civil puede jugar un papel importante, desde sus trincheras, en la lucha anticorrupción. Se trata, simplemente, de escoger a las personas que poseen las cualidades para ejercer el cargo.
Si este es el caso, ¿por qué una CICIH? ¿No será mejor un MP y una Corte Suprema de Justicia integrados con los profesionales idóneos para desempeñarse en esos cargos? Proponer una CICIH en un momento en el que se puede nombrar nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y un nuevo Fiscal General, es una declaración formal de que se continuará con la tradición, repartiéndose esos cargos entre los partidos con mayoría en el Congreso Nacional, sin consideración de sus méritos personales y profesionales.
Si la impunidad y la corrupción en el país se debe, fundamentalmente, al sistema de justicia, la solución no es la MACCIH sino nombrar a los más idóneos en el MP y en la Corte Suprema de Justicia, es decir, a aquellos cuya vida personal, profesional y laboral genere la confianza suficiente para garantizar que sus ejecutorias se sujetarán únicamente al ordenamiento jurídico, convencidos de que el Estado de derecho descansa en la seguridad jurídica que solo el sistema de justicia puede ofrecer.
No obstante, los partidos de oposición con posibilidades de ganar las elecciones, en lugar de ofrecer romper con la tradición de nombrar incondicionales en esos cargos, nos prometen una CICIH. Es un mensaje claro de que seguirán fieles a la repartición de los cargos, con criterio estrictamente partidario.
JOH destruyó lo poco que había de Estado de derecho. De ahí, que la misión del nuevo gobierno sea construir un nuevo Estado, cuya piedra angular sea la seguridad jurídica, lo que no se logrará renunciando a un MP y a una Corte Suprema que lo garantice. Exijámosle a la oposición que no favorezca la impunidad, diciendo: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
